El gran espacio industrial y tecnológico, logístico y ambiental, el que se dio en llamar en los últimos años Proyecto Aletas, ha muerto. Igual que murió la idea original, el parque de Las Aletas. Por segunda vez, el Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a la entidad ecologista WWF-España, que ha tumbado en su totalidad el nuevo esquema que aprobó todo un Consejo de Ministros hace algo más de dos años. En su sentencia, conocida este martes, el Supremo viene a decir que no basta con que las administraciones responsables de la iniciativa hayan dado más espacio a la zona ambiental y hayan restringido usos que pudieran perjudicar al dominio público marítimo-terrestre (DPMT). Simplemente eso es intocable, al menos con los usos que se planteaban en el proyecto.

Desde la entidad ecologista, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, no ocultaba ayer su satisfacción. En declaraciones a este periódico, señaló que "cuando el Supremo por segunda vez dice que este proyecto no se puede hacer, creo que el Gobierno, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento deberían pensar en qué invertir el dinero de Las Aletas, y que sirva para generar empleo en lugar de acabar con la marisma".

Del Olmo insistió en un argumento que ya utilizó en 2009, cuando por primera vez el Supremo les dio la razón en este asunto: "David ha vuelto a vencer a Goliat, y ya no es tanto por el hecho de que se logre parar la destrucción ambiental, sino por el grave precedente que podría crear en toda España". El responsable de WWF sí criticó que "es tremendo que las distintas administraciones se pongan de acuerdo para acabar con el patrimonio público -en referencia al dominio público marítimo-terrestre-, incluido el Ayuntamiento de Puerto Real, que está gobernado por un partido que se supone debería velar por lo contrario". Por último, sentenció: "Creo que esto es el final, pero si no lo es, seguiremos peleando".

Desde el servicio jurídico de este organismo, Rita Rodríguez explicó ayer al respecto que "con esta sentencia, el recorrido del proyecto de Las Aletas se termina aquí, es el punto y final". Añadió que la sentencia "dice claramente que hay otros espacios en la provincia para hacer lo que se pretende, no aquí, porque la Ley no permite ocupar el DPMT para actividades industriales". Por último, puso un ejemplo: "Estamos hablando de proteger la marisma que, entre otras cosas, sirve para proteger de posibles inundaciones a la ciudad de Cádiz". Por último, sobre la posibilidad de un recurso, aseguró que "el fallo del Supremo entendemos que no contraviene ninguna norma de la Constitución, por lo que no cabría recurrir al Tribunal Constitucional".

Ayer, se refirió a este contratiempo, prácticamente definitivo, el vicepresidente del consejo rector de Las Aletas y vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. Fue claro. Aseguró a este periódico que "ahora lo que toca es que el presidente del Consorcio, al que no tengo el gusto de conocer, venga a Cádiz, tome posesión de su cargo y convoque una junta urgente para decidir los pasos que hay que dar". Jiménez Barrios lamentó "el golpe" sufrido por el proyecto "porque generaba unas expectativas enormes para el empleo en la provincia de Cádiz", pero quiso ser prudente: "Ahora es el momento de ser fríos, analizar en profundidad la sentencia por parte de la Abogacía del Estado y que emitan un pronunciamiento para saber si este proyecto tiene o no más recorrido; pero hay que ser claros y transparentes al respecto". Además, insistió el vicepresidente en que "cuando pueda localizar al presidente, le pediré que haya un pronunciamiento de la Abogacía del Estado en un consejo rector de Las Aletas, y esto tiene que ser rápido, en cuestión de días, porque no podemos empecinarnos en unas ideas que al final no sean viables".

Según distintas fuentes, el Consorcio cuenta con casi 90 millones de euros pendientes de utilizar. Curiosamente, en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, conocidos también el martes, el Gobierno ha reservado para Las Aletas un total de 911.000 euros, de los que 497.000 están consignados para la redacción y tramitación de "instrumentos sectoriales", y 407.000 para el proyecto de restauración medioambiental.

También se pronunció ayer el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, quien pidió una reunión urgente del consejo rector para decidir qué se hace ahora. Sí reconoció que estaban "bastante tocados" porque en la Junta han "confiado en todo momento en que se estaban haciendo las cosas bien", como "así se nos trasladaba" desde el Gobierno. López Gil añadió que "es verdad que la sentencia es negativa, pero a partir de ahí podemos flagelarnos y llorar o buscar una alternativa. Y yo creo que a las administraciones nos corresponde buscar esa alternativa para que podamos seguir actuando de alguna forma positiva en relación a esos fondos y a la actuación que tenemos pendiente con la Bahía de Cádiz".

Quien no habló ayer, ni desde que llegó al cargo hace más de tres meses, fue el presidente de Las Aletas. Felipe Martínez Rico llegó al cargo a mediados de diciembre del año pasado, en sustitución de la hasta entonces presidenta, ahora al mando de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Pilar Platero. Desde ese momento nada se ha sabido de él. Ayer, este periódico contactó con la oficina de Las Aletas en Cádiz para conocer una opinión oficial. La respuesta fue que en Madrid están analizando la sentencia. Sólo eso.

Sí realizó una primera valoración, el mismo martes, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Dijo que la decisión judicial del TS es "una mala noticia" para el desarrollo económico de la provincia de Cádiz, pero que "no cabe otra cosa que respetar la decisión de los tribunales".

También ayer hizo una primera estimación de este asunto el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas. Dejó para hoy una valoración en profundidad (por encontrarse en Ceuta en una misión comercial de los empresarios), pero su primera reacción fue de "sorpresa y contrariedad" tras conocer el fallo del TS. Sí dijo que, una vez tenga un análisis jurídico del Consorcio para saber las posibles alternativas, se pronunciará.

Porque el dictamen del Tribunal Supremo da para mucho. Argumenta que la pretendida importancia logística que se quiso dar al nuevo proyecto relacionándolo con el Puerto de Cádiz tampoco es real. Ya se supo el lunes. Dice la sentencia que el informe del Tribunal de Cuentas de la UE consta "un dato significativo", que el Puerto de Cádiz ha perdido entre 2007 y 2015, un 53% de su tráfico. Partiendo de ese descenso de actividad, insiste la sentencia, "la pregunta que debemos responder es si resulta proporcionado a tales tráficos los espacios logísticos proyectados y, en definitiva, la ocupación del demanio y si, en cualquier caso, tal superficie resulta proporcionada a la actividad y tráfico portuario. Analizando los estudios aportados, la respuesta debe ser negativa. En efecto, la superficie estimada parte de una previsión de crecimiento del tráfico de la bahía, de tal forma que podrían requerirse de 150 hectáreas en el año 2020, mientras que la realidad es desgraciadamente bien diferente, como ha quedado dicho".

Y es que, efectivamente, tras la última reunión del consejo rector de Las Aletas (imagen de la derecha) celebrada el pasado año, sus integrantes quisieron dar un nuevo rumbo al proyecto, justificando la necesidad que el puerto de la ciudad de Cádiz y el de La Cabezuela tienen de esta iniciativa. Ayer, sin embargo, y a pesar de la contundencia del Supremo, la Autoridad Portuaria no se pronunció.