Un acuerdo inaceptable

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 transmite la idea del Gobierno de Rajoy de ofrecer estabilidad a cualquier precio, para que la economía siga creciendo y creando empleo. Lo que no se hace público es que van a generar una injusticia distributiva que no tiene precedentes en la democracia española.

Con los últimos datos disponibles, el País Vasco recibió una financiación de 4.170 euros por habitante. Navarra está próxima. La media del resto de comunidades fue de 2.030 euros. Andalucía recibió 1.990. Estas abismales diferencias, provocan unas desigualdades en la prestación de servicios públicos que nadie en un país desarrollado se atreve a defender en público.

Un alumno en el País Vasco recibe una financiación de 7.230 euros cada año, frente a 4.995 de media en el resto de España. En sanidad, reciben 1.676 euros frente a 1.352. En servicios sociales (atención domiciliaria, etc.), 800 euros frente a 275. Esto representa un 45%, 25% y 190% superiores al resto de España para financiar esos servicios básicos del Estado de bienestar.

¿De dónde proviene esa asignación de recursos fiscales tan desequilibrada? En 1981, el Estado firmó un acuerdo con el Gobierno vasco para calcular la aportación que tenía que realizar por las competencias no transferidas (defensa, exteriores, etcétera), tomando como base de la aportación el peso del PIB del País Vasco en España. Si en aquel año era del 6,1%, los datos más recientes muestran que supera el 7% desde el año 2013, con lo que su contribución debería también elevarse. Esto debería conducir a una aportación adicional del Gobierno vasco al central de más de 4.500 millones.

Con el acuerdo alcanzado, no sólo no va a aportar esos 4.500 millones, sino que recibirá una financiación adicional de casi 1.000 millones por año, reduciendo incluso el Cupo actual, que ya estaba desfasado.

Adicionalmente, tras el ajuste que se realiza en el IVA, esa comunidad recibe entre el 7% y el 8% de lo recaudado en España, mientras que el consumo de ese territorio en el total de España representa sólo el 5%. Esto significa que la subida del IVA en el 2013 permitió recaudar mucho más en el País Vasco y casi nada en el resto de comunidades.

En conjunto, todo esto provoca que la financiación por habitante sea un 60% superior a la media española, debido a que la renta por habitante es superior y no transfieren nada de renta al resto del país. Esa diferencia va a aumentar con el acuerdo alcanzado, del que, por cierto, se desconocen los detalles. A mayor abundamiento, la financiación es superior aunque la presión fiscal en el País Vasco es inferior a la del resto, por poder fijar los tributos.

Además, y como elemento fuera del sistema de financiación, la inversión en la llamada Y vasca, que va a comunicar por AVE las tres capitales vascas, se elevará a 3.400 millones; una obra que, con ese diseño, no debería financiarse.

La paradójica situación que vivimos en España desde el punto de vista fiscal es que las regiones pobres están financiando a dos de las regiones más ricas, País Vasco y Navarra. Estas dos comunidades, junto a Madrid, cuentan con una renta por habitante un 30% superior a la media. Respecto de Andalucía y Extremadura, las dos más pobres, tienen casi el doble.

Todas las investigaciones realizadas sobre financiación autonómica señalan la necesidad de reformar la financiación de esas dos comunidades. Ante este estado de cosas, Cataluña también ha solicitado un sistema de cupos. Esto representaría unos 16.000 millones adicionales al año para esa comunidad. Completamente inasumible por el Estado, que quedaría con algunas de sus funciones básicas sin funcionamiento.

Los partidos políticos nacionalistas, juegan con la carta de la ruptura de la unidad del Estado, usándola como una amenaza. El presidente del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, declaró recientemente que la independencia en el siglo XXI no era posible. Creo que ha habido una reflexión interna dentro del nacionalismo, derivada del reconocimiento de las monumentales ventajas que les depara formar parte de España.

En fin, esto no hay manera de defenderlo en una democracia occidental avanzada. Ni en Canadá ni en EEUU ni en ningún otro país con estructura federal se produce este desequilibrio, porque sería políticamente rechazado.

El Gobierno inglés ha declarado que desea fervientemente que Escocia siga formando parte del Reino Unido, pero no a cualquier coste. Un fuerte punto en común con nuestro caso.