La carta en la que la consejera de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero, exige al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, que recupere la gestión del impuesto de Sucesiones, que fue cedido en su día a las comunidades autónomas, es a todas luces insólita e incomprensible, y no deja en muy buena posición al Ejecutivo andaluz. En primer lugar, porque no existe ningún antecedente en que una autonomía española quiera devolver una parcela de gestión cedida por el Gobierno central, por lo que se podría considerar como una medida involutiva en la larga construcción del Estado de las Autonomías. De alguna manera, por muchas que sean las razones que esgrima la consejera Montero y el portavoz Miguel Ángel Vázquez -que fue quien ayer desveló la existencia de la misiva-, la hipotética aceptación por parte de Madrid de volver a gestionar el impuesto sería un paso atrás en el autogobierno de Andalucía, una comunidad que siempre ha llevado a gala estar a la vanguardia de la reivindicación autonómica dentro del marco de la igualdad entre los territorios. ¿Alguien se imagina a los gobiernos catalán o vasco haciendo esta petición? Imposible.

Para aumentar más la equivocación, María Jesús Montero llega a exigir al Gobierno central que, a cambio de la devolución de este gravamen, el Estado pague a la comunidad autónoma unos 500 millones de euros anuales, algunos más de los 436 millones que la Junta prevé recaudar en 2017 por este impuesto, según recoge en sus Presupuestos, o de los 379 que ingresó en 2016.

A todas luces, estamos ante una maniobra de carácter político que poco o nada tiene que ver con la eficacia fiscal o con cuestiones técnicas de la Hacienda Pública. La Junta observa con gran inquietud cómo, últimamente, está fraguando en las redes y en la opinión pública en general un fuerte rechazo social por parte de las clases medias al impuesto de Sucesiones, que se considera profundamente injusto, además de un agravio comparativo con otras comunidades que no lo cobran a sus ciudadanos. Después de la complicada crisis de la sanidad, el Gobierno andaluz ve cómo se le ha abierto un nuevo frente que puede llegar a hacerle mucho daño. En vez de escribir cartas como la de Montero, la Junta debería hacer un importante ejercicio de autocrítica y ver qué beneficios y qué perjuicios le supone un impuesto que, según los expertos, castiga a las clases medias y tiene un relativo o escaso efecto redistributivo. Desde luego, la solución no pasa por renunciar al autogobierno de Andalucía.