La oferta extra de empleo en Andalucía

No es lógico que un 20% de los trabajadores públicos sufran la interinidad, con contratos y destinos en constante variación

El Gobierno andaluz tiene intención de lanzar una convocatoria de empleo extraordinaria con una oferta de 40.000 plazas públicas destinadas a dos sectores vitales como la Sanidad y la Educación, muy castigados por los recortes de la crisis durante los últimos siete años. Díaz defiende que la decisión permitirá la estabilidad de un colectivo como el de los interinos, que "se han visto en una situación más precaria", y facilitará también una oportunidad a los opositores que, pese a sus esfuerzos, veían imposible el acceso a la función pública. Aunque hay indicios de que el camino para ejecutar el proceso está prácticamente despejado, falta la autorización del Gobierno central. La Junta rechaza que deba condicionarse el mismo a la aprobación de los Presupuestos Generales de 2017. Defiende que no son nuevas las plazas que se crean sino que se les da cobertura a las ya existentes y que se han visto afectadas por la baja tasa de reposición que se permitía hasta ahora. Se trataría, por tanto, de un regreso a la normalidad. La presidenta afronta finalmente esta determinación después de sufrir un serio desgaste en los últimos meses, sobre todo en el área de salud. Las continuas quejas de los representantes de los trabajadores y la incidencia negativa en la prestación de los servicios sanitarios, han terminado por calar en una población que se ha movilizado en varias provincias. El malestar y el desánimo entre el profesorado también era reseñable. El anuncio de Susana Díaz, a buen seguro, servirá para apaciguar este escenario en unos meses en los que, además, la presidenta se incorpora a la carrera para conseguir el liderazgo del PSOE en el ámbito nacional. No es lógico que un 20% de los trabajadores públicos sufran la interinidad, con contratos y destinos en constante variación. Así es muy difícil exigir a los afectados un rendimiento adecuado y como consecuencia es muy difícil evitar el descenso en la calidad de las prestaciones. Por ello hay que saludar la iniciativa de esta oferta pública extraordinaria. Además, sería bueno clarificar que esta masiva entrada no servirá de coartada para el acceso de posibles eventuales con méritos ajenos a los profesionales. Reticencias que ya ha expuesto el grupo de Ciudadanos y que el Ejecutivo autonómico debe despejar. A todo ello hay que sumar que el Gobierno central también ultima una oferta de empleo público en España de 250.000 plazas en tres años, con el mismo objetivo: rebajar la temporalidad, en este caso del 25% al 9% en la media del conjunto del Estado. Se abre pues un largo periodo de oposiciones.

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