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Un día clave para la política española

La precipitación con la que ha actuado C's en el caso Auditorio puede poner en peligro el pacto de legislatura con el PP

La confusa situación política que vive el país produce curiosos fenómenos, como el que toda España esté pendiente de la declaración ante el juez de Pedro Antonio Sánchez, presidente de la comunidad autónoma de Murcia, una pequeña región que suele estar al margen del trasiego mediático nacional. Sánchez está citado a declarar esta mañana como investigado (imputado) por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad en el caso del auditorio que comenzó a construirse en Puerto Lumbreras en la etapa en la que era alcalde de dicha localidad. Lo que en otros tiempos habría llamado moderadamente la atención, en las últimas semanas, sin embargo, ha centrado en gran parte la batalla política y mediática del país. ¿Por qué? Evidentemente no por la figura de Pedro Antonio Sánchez, que es un actor secundario en la política nacional, sino porque puede suponer una ruptura del pacto de legislatura entre el PP y C's, con todo lo que ello conllevaría de negativo para la estabilidad de España.

En gran medida todo dependerá de si el juez estima, como mantiene la defensa del presidente, que a lo sumo todo fue un error administrativo en la justificación documental del destino de la subvención autonómica. Es decir, que no se cometió ningún ilícito penal en el proceso que dio lugar al origen, licitación, adjudicación, construcción y recepción del auditorio. En ese caso, Ciudadanos tendría que reconocer su error e intentar recomponer su muy dañada relación con el PP si quiere seguir siendo un elemento clave en la gobernabilidad del país. Sin embargo, si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia sigue adelante con la imputación a Sánchez por delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, el PP volverá a tener un problema y se verá obligado a defenestrar al presidente de Murcia si no quiere seguir lanzando el mensaje a la ciudadanía de que es un partido en el que hay mano ancha con los corruptos.

Como hemos defendido en numerosas ocasiones, una imputación no debe ser motivo para el cese de ningún político, si queremos respetar el derecho a la presunción de inocencia, la piedra angular de toda justicia civilizada. Quizás por su afán de aparecer ante la opinión pública como el paladín de la lucha contra la corrupción, Ciudadanos se ha precipitado al exigir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez sin esperar a los plazos que marca la Justicia. Las consecuencias pueden ser graves.

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