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El caos en el aeropuerto de El Prat es posible

La Guardia Civil vuelve a ejercer una competencia que fue encargadaa una empresa por ser, supuestamente,más barato

Sin acuerdo entre Eulen, sus trabajadores y Aena, el Gobierno ha decidido actuar en el aeropuerto de El Prat. La intervención está justificada, por cuanto lo que queda afectada es la seguridad de una instalación de transporte que se sitúa entre las primeras del país. Cuando llega el ecuador del gran puente de agosto, el aeropuerto podía convertirse en un auténtico caos, que podía tener repercusiones en el resto del espacio aéreo. Las dos medidas adoptadas son apropiadas. De un lado, el Gobierno va a buscar un laudo arbitral, de obligado cumplimiento, que pondría fin a la huelga indefinida y aportaría una solución definitiva, que no tiene por qué ser contraria al interés de los trabajadores. De otro, la Guardia Civil se desplegará en el aeropuerto para poner orden en las colas de pasajeros y controlar los pasos de seguridad. No es nada extraordinario, ya que eran los agentes de la Benemérita quienes siempre han ejercido el control de seguridad en estas instalaciones. Cabe, por tanto, una primera reflexión. Aena decidió entregar esta labor a una empresa privada y, con el tiempo, cambió al titular del contrato actual porque, supuestamente, era más barato. Hay, por tanto, una responsabilidad de la empresa asociada al Ministerio de Fomento. Durante este último año, la plantilla se ha estado reduciendo y, con la llegada de un verano intenso para el turismo, las condiciones del contrato han cambiado de modo significativo. Hay que decir, no obstante, que la propuesta que la empresa ha hecho a los trabajadores ya se aproxima bastante a sus peticiones: se trata de una subida de 200 euros mensuales durante 12 pagas, aunque a algunos trabajadores, que proceden de la anterior empresa de seguridad, se les suprimen algunos extras, con lo que el incremento no es tal. Pero con esta aproximación de posiciones no hay lugar para una huelga con tanto impacto, sino para seguir la negociación. Por lo demás, el reforzamiento de la plantilla de la Guardia Civil en el aeropuerto no ha generado ninguna polémica política, a pesar de la belicosidad que el Gobierno de la Generalitat viene mostrando hacia este cuerpo de seguridad del Estado. Cabe preguntarse qué hubiera ocurrido si la gestión de este aeropuerto -fundamental en el sistema nacional- estuviera ya en manos de la Generalitat, como solicitaban desde Cataluña, y a qué fuerza se le hubiese encargado el reforzamiento del control de la seguridad si sus competencias no fueran las de la totalidad del Estado.

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