Mejorar el protocolo contra abusos sexuales

Es necesario crear nuevos protocolos para evitar un problema que, según un informe, afecta al 25% de las universitarias

Lla reciente condena a más de 7 años de cárcel de un catedrático de la Universidad de Sevilla, Santiago Romero, por delitos de abusos sexuales y lesiones cometidos sobre dos profesoras y una becaria de investigación nos indica hasta qué punto hay que mejorar los protocolos existentes para evitar dichos extremos en los centros de formación superior andaluces.

En primer lugar, hay que destacar que, desde que la Hispalense tuvo constancia de los hechos en noviembre 2010, han pasado poco más de seis años en los que el abusador, que llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias de la Educación durante más de una década, siguió ejerciendo su labor y teniendo contacto con alumnas y profesoras. Cierto es que una universidad no puede erigirse en un tribunal de justicia y que sólo a los jueces les compete condenar a los presuntos culpables; también que fue la propia Hispalense la que trasladó las denuncias de las afectadas a las autoridades judiciales; pero lo que no se acaba de comprender es que el entonces presunto abusador siguiese acudiendo al mismo centro que las víctimas, por mucho que se les ofreciese atención psicológica y estancias en otras universidades para evitar el trato con el catedrático ahora condenado. Tiene razón el actual rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, al señalar la lentitud de la Justicia como una de las principales causas de este desatino, pero eso no es excusa para que, sobre todo en la época del rector Joaquín Luque, la Universidad se negase a recibir a las víctimas, aumentando aún más sus angustias y desasosiego.

Lo que ha pasado en la Universidad de Sevilla no es un hecho aislado. Según un estudio de la Autónoma de Barcelona, casi un 25% de las universitarias españolas manifiestan haber sufrido acoso sexual de manera frecuente. Un dato así nos debería llevar a una profunda reflexión que se traduzca en nuevos protocolos más eficaces y adaptados a la realidad cotidiana de nuestras universidades. Pero esta labor no debe ser acometida de forma separada por los centros andaluces, sino que la Junta de Andalucía debería de coordinar los esfuerzos para crear cuanto antes una batería de medidas con las que poner coto a un problema que, muchas veces, permanece sumergido por el miedo de las víctimas a denunciar y perder sus carreras universitarias. Debe haber un antes y un después de la condena al catedrático sevillano. Ahora es el momento de dejarse de lamentos y ponerse a trabajar.

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