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Editorial

La voz institucional del terror

COMO en ocasiones anteriores, las lagunas de la política en la lucha contra el terrorismo han de ser subsanadas por la acción de la Justicia. Son las ventajas de la división de poderes del Estado democrático. Las llamadas mociones éticas promovidas por PNV y PSOE para forzar la dimisión de los alcaldes de Acción Nacionalista Vasca (ANV), la pantalla de Batasuna en las elecciones municipales de 2007, han fracasado ya en cuatro ayuntamientos, generando al mismo tiempo nuevas divisiones entre los partidos democráticos. Por el contrario, la actuación de los órganos judiciales que tienen encomendadas las causas por terrorismo ha conducido a la cárcel a uno de estos munícipes, concretamente a la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, la más representativa del mundo abertzale. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó anteanoche su ingreso en prisión por presuntos delitos de colaboración o integración en banda terrorista y quebrantamiento de medidas cautelares. Esta última figura delictiva se refiere a que Galparsoro, que ni siquiera militaba en ANV hasta 2007, no ha acatado el auto de suspensión de las actividades de este partido citado por la Audiencia Nacional en febrero pasado, sino que, por el contrario, ha actuado en nombre y representación de ANV, presentado iniciativas con estas siglas y avalado la abstención decretada por ETA en las últimas elecciones generales, aparte de llevar veinte años participando activamente en otras organizaciones ubicadas en la órbita etarra. Es decir, la alcaldesa de Mondragón no se limita a negarse a condenar el asesinato a manos de ETA de un concejal socialista de su propio Consistorio: hay serios indicios de que obedece las consignas de la banda terrorista y que, como alegó la fiscal, "es la voz institucional que le queda a ETA". De ahí la coherencia de su ingreso en la cárcel, que viene a compensar las incongruencias y contradicciones de la política activa.

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