Jueves Santo Horarios, itinerarios y recorridos del Jueves Santo y Madrugada en la Semana Santa de Cádiz 2024

Por más empeño que la clase dirigente y los juristas han puesto a lo largo de la historia para consolidar una Justicia independiente, la judicialización de la vida política y los casos de corrupción no lo ponen fácil. A los investigados en particular les asalta la suspicacia según se avanza en los casos más sonados y les cuesta creer que la Justicia no sigue de parte del más fuerte o bajo el capricho del ambiente en función de las circunstancias. La mayoría de jueces son admirables, héroes anónimos de la vida diaria cuyo compromiso social ayuda a resolver cuestiones fundamentales. La aspiración más noble del ser humano tendría que tender, de hecho, a su reconocimiento como guardianes de la verdad más pura. Pero por desgracia esto no será posible hasta que los mismos que exigen a los jueces que se pongan una venda en los ojos no traten de imponerles su criterio. Y hay otro factor aún más determinante: los jueces son personas y cada cual analiza los hechos según su particular punto de vista. Estas circunstancias son las que llevan a las inevitables comparaciones.

Esta semana la Audiencia ha condenado por el caso Uniformes a 18 meses de cárcel al ex alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez, por aprovecharse de su cargo para adjudicar jugosos contratos públicos a favor de sus empresas. Lo más probable es que no pise la cárcel. Pero en cambio, la ex alcaldesa de Rota Eva Corrales está condenada a 4 años y medio de prisión por pagar a un funcionario 50.000 euros en 6 años por trabajos extraordinarios centrados en la confección de las bandas de las damas de las fiestas patronales. ¿Dónde reside la diferencia? La labor pedagógica para que los ciudadanos no piensen que la Justicia deja al margen dos principios tan sagrados como son el de equidad y proporcionalidad es más que necesaria. Recientemente, el ex consejero de Cultura Luciano Alonso ha sido acusado de burlar la ley para nombrar a tres altos cargos que nunca ejercieron, a sabiendas. Con ese argumento, la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación por prevaricación en los nombramientos 'fantasma' como responsables del Centro Andaluz de Flamenco y del Centro Andaluz de la Imagen de tres militantes o familiares de destacados miembros del PSOE. Y por un caso parecido para el común de los mortales, el de los dos asesores que colocó Pacheco en el Ayuntamiento de Jerez a dedo, sin que fuesen a trabajar, el ex regidor fue condenado a 5 años y medio de prisión. La Justicia entendió que además de cometer un acto ilegal a sabiendas, como el consejero, lo hizo para regalarles el dinero. La Fiscalía entiende que lo mismo ocurrió con Alonso, pero en su caso el juez considera que no se les regaló el sueldo, porque las partidas correspondientes a los puestos de trabajo que están en entredicho "no fueron dedicadas a finalidades ajenas a lo público", sino a actividades de Cultura que fueron ejecutadas. Por supuesto que cada caso es un mundo. Y sin duda no se discute que todas estas decisiones están más que fundamentadas y que además se ajustan a Ley. Pero la diferencia entre pisar la cárcel o no hacerlo es tan enorme que bien merecería la pena un esfuerzo por parte de todos para que el personal no piense que Pacheco llevaba razón cuando dijo lo que dijo. No sólo hay que responsabilizar a los jueces, fallan también las leyes que permiten tanta discrecionalidad ante hechos comparables.

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