NO hay nada como un buen baño de realidad para desprenderse de las telarañas ideológicas. La irrealidad y la fantasía sólo son permisibles cuando se está en la oposición o, como mucho, en los primeros tiempos de Gobierno, cuando las ilusiones engañosas todavía no han sufrido la confrontación con la vida misma.

Piensen en la inmigración. El Gobierno socialista tuvo que enterrar pronto el alegre papeles para todos, producto a medias del buenismo irresponsable y la oposición a ultranza. Después, pasados los años -y los desengaños del querer y no poder-, el Gobierno empezó a entender que un movimiento inmigratorio regulado y controlado no sólo es conveniente, sino una necesidad objetiva que deriva de las escandalosas diferencias de renta entre nuestro país y los países de donde vienen los inmigrantes. Por el contrario, una inmigración masiva desordenada y dejada a la buena de Dios es una fuente de conflictos, desestabilización y xenofobia.

Fue así como, después de la oportuna regularización de seiscientos mil sin papeles que ya estaban aquí y que por eso mismo, por no tener papeles, eran víctimas fáciles de la explotación y la marginalidad -y con ella, propensas a la delincuencia-, el Ejecutivo de Zapatero desplegó una política de inmigración que, combinando las medidas policiales con las sociales y políticas, ha permitido obtener unos resultados moderadamente positivos.

Son los que se han visto reflejados en el balance de 2007. Aunque todavía nos impactan las noticias de embarcaciones que naufragan, con su tragedia de cadáveres flotando o desaparecidos y las imágenes de los que logran llegar a la costa y salvan, al menos, la vida, lo cierto es que este año que pasó llegaron en pateras y cayucos 18.000 personas, frente a las 39.000 del año anterior, y que el 92% de los que arribaron fueron devueltos a sus países de origen.

Esta política puramente represiva -y necesaria, por desgracia- sería, no obstante, incompleta e injusta si no estuviera acompañada por otras que se han puesto en práctica, como la ampliación de los contingentes de mano de obra negociados con los sectores empleadores, los acuerdos de repatriación suscritos con varias naciones africanas y los mecanismos de formación de mano de obra que fijan a la población en sus localidades y la preparan para eventuales migraciones controladas. Todo esto lo está haciendo el Gobierno, una vez imbuido del principio de realidad, y consciente de que solución al problema de la inmigración, realmente, no existe. Existen sólo políticas que lo hacen más digerible.

Quizás debamos conformarnos con ellas.