Editorial

La reforma de las cajas

EL fracaso global de la reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición no impidió que ambos alcanzaran dos acuerdos parciales. Zapatero y Rajoy coincidieron, por un lado, en la necesidad de poner en marcha la operación rescate de la economía griega y en la justeza de la aportación española, acorde con nuestros compromiso europeísta y nuestro propio interés como país de la zona euro. Por otro, ambos dirigentes decidieron dar un impulso a la reestructuración y reforma de las cajas de ahorros como parte fundamental del sistema financiero. El impulso reestructurador trata de vencer los obstáculos a las fusiones de estas entidades a fin de que puedan hacer uso del fondo de 9.000 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria antes de que expire el plazo autorizado, el próximo 30 de junio. Por su parte, la reforma de la ley de cajas, en un periodo de tres meses, persigue profesionalizar la gestión de las cajas de ahorros esquivando las interferencias políticas y de incrementar su fortaleza financiera auspiciando su acceso al mercado de capital mediante las cuotas participativas dotadas de derechos políticos. Estos planes compartidos por Zapatero y Rajoy han sido bien recibidos por las principales entidades financieras andaluzas. Tanto el presidente de Unicaja como el de Cajasol, Braulio Medel y Antonio Pulido, consideran que se facilita así la reordenación del sistema de cajas, sin que éstas pierdan su naturaleza jurídica ni se vea mermada su capacidad para mantener entre sus prioridades las operaciones que se orientan hacia el desarrollo de Andalucía. Ambas cajas protagonizan importantes procesos de fusiones, intrarregional una e interregional otra, que les proporcionarán un mayor músculo financiero. Por su parte, Cajagranada se encamina hacia la llamada fusión fría con un proyecto de integración autónomo. De este modo, las tres cajas andaluzas, manteniendo sus peculiaridades, se insertan en el proceso de concentración y redimensionamiento que ha sido solicitado reiteradamente por el Banco de España. Si las autoridades de la Junta y los partidos políticos aceptan de buen grado que al frente de las cajas se sitúe a gestores acreditados por su capacidad de gestión, las cajas andaluzas se colocarán en una posición adecuada para dar respuesta a los retos de la competitividad y la mejor salvaguardia del interés general de la comunidad.

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