CONVERTIR el castillo de San Sebastián en la sede del memorial de las Libertades, con un nuevo faro que sea el símbolo del bicentenario de la Constitución es, a priori, una buena idea. Permitiría encontrar una sede para un proyecto básico del Bicentenario, que estaba en trance de perderse por las dificultades de conseguir un local adecuado, después de que fallase la intención inicial de albergarlo en el edificio donde está el colegio público de San Felipe. Aunque la idea inicial era hacer un complejo en torno al Oratorio y esa parecía la fórmula más consecuente, la dificultad de encontrar alternativas para el centro escolar lo frustró. Y tampoco parecía adecuado llevarlo al edificio del instituto del Rosario, con el inconveniente de que la propiedad pertenece en parte a los agustinos y se debería negociar con ellos, retrasando aún más los plazos. Por otra parte, la restauración del castillo de San Sebastián fue asumida por el Gobierno y la Junta, es decir por las instituciones dependientes del PSOE, después de discrepancias con la alcaldesa, Teófila Martínez, y de no existir buena predisposición para incluirlo. Aún así, una vez considerado entre los edificios prioritarios para restaurar, junto al Oratorio de San Felipe Neri y el puente Zuazo isleño, no existía un proyecto claro para el castillo, cuyo emplazamiento y deterioro dificultan algunas de las anteriores propuestas municipales, como la de hacer un auditorio. En estas circunstancias, pues, que el castillo de San Sebastián acoja el Memorial de las Libertades se puede considerar razonable. No obstante, se debe apuntar que este proyecto lo anunció ayer, por sorpresa, el presidente del Consorcio, Gaspar Zarrías, en Madrid, de forma inesperada. A estas alturas, en los preparativos del Bicentenario, nadie debe aspirar a sacar un conejo de la chistera, aunque estemos en vísperas electorales. Y esta norma debe valer tanto para el PSOE como para el PP. Un proyecto de esta envergadura, que además se iniciará muy justo de tiempo, debe ser abordado en el Consorcio entre todas las instituciones y aprobado con el consenso y unanimidad que merece.