Publicar un artículo sobre la Ciudad de la Justicia de Cádiz en martes y 13 es casi tan duro como hacerlo un 28 de diciembre. Pero, a pesar de los temporales y de la renuncia de Teófila Martínez, hay otros asuntos. No se puede permitir que ese proyecto se cuele por la puerta de atrás, dándolo por inevitable. El decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente Aparicio, ha publicado una tribuna en la que deja claramente de manifiesto que no es el proyecto que necesita la ciudad. Estamos ante un parche que va a condicionar el futuro peligrosamente. Por ello, los sectores más afectados están en la obligación moral de impedirlo.

Entiendo que la Junta de Andalucía se quiera ahorrar una parte de la inversión necesaria, adaptando los Depósitos de Tabacalera, en vez de construir unos edificios de nueva planta en el estupendo solar que tienen abandonado en San Severiano. Por el contrario, no se entiende que el alcalde de Cádiz, José María González, se deje engatusar con un proyecto que no es el que necesita la ciudad. Como decía el decano de los abogados, una Ciudad de la Justicia insuficiente puede servir para que más adelante deriven trabajo a otros lugares. Es decir (y esto lo digo yo), para pueblerinizar la Justicia en Cádiz, que no ejerce su capitalidad como merece. El alcalde no lo puede consentir, por muchas ganas que tenga de deshacerse de los antiguos depósitos de Loreto, donde no sabe qué hacer.

La nueva Ciudad de la Justicia supone una inversión menor a la realizada en Málaga, Córdoba y Almería, las tres que existen ya en Andalucía. Pero no se trata sólo de comparar ese agravio. Lo peor es que no se atenderán las necesidades de la Justicia en Cádiz. Dentro de pocos años volverán las quejas porque el proyecto fue un error.

Hace falta una Ciudad de la Justicia que incluya a la Audiencia y a la Fiscalía. Esto no sólo lo dice el decano de los abogados. También el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha apuntado algo esencial: la Audiencia se quedará fuera de la Ciudad de la Justicia, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades. Por consiguiente, no se cumple una de las cuestiones básicas, que es disponer de una sede completa y unificada para la administración de Justicia.

Puede fallar clamorosamente el fondo, pero también las formas. No han consultado a los sectores profesionales afectados. Así entienden la participación: para lo que les conviene y sólo cuando los colegas no les fastidien sus planes. Frente a ese error, no cabe otra opción que dar marcha atrás.