LA primera es impecable, no pueden rechazarla ninguno de los que aprobaron la resolución del Congreso de los Diputados que daba luz verde a la negociación con ETA bajo ciertas condiciones (que no se cumplieron, por cierto); en cambio la segunda pregunta que propone Ibarretxe va claramente contra el espíritu y la letra de la Constitución, porque no se puede aceptar sin condiciones el derecho a decidir de los vascos, gallegos, andaluces o extremeños, puesto que va contra principios básicos constitucionales, como la unidad de España o la igualdad de todos ante la ley.

Ibarretxe sigue erre que erre con su plan, y Urkullu, que está en contra del plan, no puede hacerle frente porque pone en riesgo la unidad del PNV, que mantiene un delicadísimo equilibrio entre moderados y radicales.

A pesar de que no hay una unanimidad en su partido, de que el presidente del EBB expresa reticencias y de que Zapatero le ha dicho por activa que no va a aceptar el referéndum, el lehendakari sigue pasito a pasito el camino marcado y adelanta ahora las dos preguntas que pretende plantear a los vascos. Con trampa. Porque difícilmente se puede rechazar la que dice textualmente: "¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la violencia para siempre?". La resolución parlamentaria de hace tres años, apoyada por todos los grupos de la anterior legislatura excepto el PP, recogía que "convencidos como estamos de que la política puede y debe contribuir al fin de la violencia, reafirmamos que, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo ....".

Zapatero tiene un problema. En primer lugar, porque Ibarretxe exige previamente a ETA lo mismo que le exigía Zapatero. Segundo, porque el presidente vasco, que cuentan con asesores políticos y judiciales de gran solvencia, como ha demostrado en los últimos años ante situaciones que parecían irresolubles, ha llevado al Parlamento de Vitoria una iniciativa, redactada por expertos jurídicos, que autoriza al lehendakari a convocar referendos. A nadie se le escapa que por encima de las leyes y normas autonómicas están las que afectan a toda España y, por supuesto, la Constitución, pero esa iniciativa que aprobará el Parlamento vasco, dará pie a Ibarretxe, una vez más, para presentarse como víctima de un Gobierno que limita todos sus pasos. Una situación, la del victimismo, en la que Ibarretxe se mueve como pez en el agua, y que con toda seguridad podrá capitalizar en las elecciones autonómicas vascas.