La del título es la máxima pena de prisión contemplada en el Código Penal español. Se incorporó a dicho Código gobernando el PP y está en vigor desde marzo de 2015, aunque desde octubre de 2017, por una iniciativa del PNV, que fue apoyada por el PSOE, Unidos Podemos, Compromis y Bildu, con el voto en contra del partido en el Gobierno y con la abstención de C's, se pretende su derogación. También pende ante el TC un recurso de anticonstitucionalidad. Está en vigor en casi toda Europa, pero trae el recuerdo de la tenebrosa cadena perpetua que se incorporó a la lista de penas en el Código Penal español como segunda pena más grave después de la de muerte y que fue abolida por el dictador Primo de Rivera.

En la incorporación de esta PPR a las penas previstas en el Código Penal, ésta se reserva para los supuestos de excepcional gravedad y pretende compatibilizar la garantía de la seguridad de los ciudadanos, no exponiéndoles a sufrir la reincidencia de conductas criminales, con el principio de que la pena tiene como objetivo principal la reinserción del penado en la sociedad. Por ello, cumplida parte de la condena, el tribunal revisa su situación y si estima que no debe recuperar su libertad, señala una fecha para una nueva revisión. En otro caso, se le concede la libertad condicional, con medidas de control.

Después de unos casos de gran trascendencia mediática, como fueron los asesinatos de Marta del Castillo, Mariluz de Huelva, los hijos de Ruth por José Bretón, Diana Quer y las hijas de David Outlet, según la explicación oficial del PP en la convención celebrada en Córdoba, se ha propuesto llevar al Congreso una modificación de la ley que comentamos, ampliándola y estableciendo, para los supuestos de excepcional gravedad, un cumplimiento mínimo de las penas de 25 a 35 años. La oposición habla de "populismo punitivo". Para su iniciativa Rajoy habrá tenido en cuenta que hay más de dos millones de firmas pidiendo el mantenimiento de la PPR.

La casualidad hace coincidir este tema con la sentencia dictada por la Audiencia de Cádiz, que condena a un autor y director de comparsas infantiles de Carnaval a 34 años de prisión por abusos sexuales, cometidos con 4 niños, comparsistas, de entre 8 a 12 años. La sentencia, con la que el reo se ha conformado, señala que el límite máximo de cumplimiento de la pena se fija en 18 años. La Fiscalía pedía más de 62. La información de Diario de Cádiz, da cumplida cuenta de los abusos sexuales cometidos. Me pregunto si, por el cumplimiento de esos 18 años, volverá rehabilitado y se insertará en la sociedad.