Lo de Ana Lorenzo, la concejal de San Fernando que animó a una pareja a okupar una vivienda, no necesita ni la presunción de inocencia. Nadie ha dudado en ningún momento de su honradez ni la ha acusado de ningún delito. Incluso, desde el punto de vista personal, mucha gente puede comprender su actitud y hasta su actuación. Y, no obstante todo esto, su caso podría ser el típico de responsabilidad política que obliga a un representante elegido a dimitir. Ninguno de ellos puede ni debe aconsejar a nadie que realice una acción cuando menos alegal. Pero sobre todo, un político debe mantener su imagen y su gestión lo más alejada posible de la sospecha.Y si se convierte en un problema para su partido, o para el gobierno del que forma parte, simplemente debe apartarse, tras reconocer, como ha hecho ella misma, que ha cometido un grave error. Y no pasa nada.