LA aprobación en 2006 de la Ley de Dependencia, en la medida en que creaba un verdadero derecho subjetivo del dependiente a que sus circunstancias, mediante la aplicación de una serie de medidas económicas y de todo tipo, fueran contempladas y atendidas de la mejor forma posible, supuso una oportunidad cierta para cuantos, desde siempre, sólo habían podido confiar en el cariño y en el sacrifico inmenso de sus familias y en el esfuerzo de instituciones privadas que, con obstáculos y penurias increíbles, intentaban ofrecerles una vida digna.

El desarrollo de la Ley se hizo en Andalucía mediante Orden de 3 de agosto de 2007, surgiendo desde entonces graves disfunciones que, más allá de las lógicas dudas iniciales, revelan toda una filosofía absolutamente inaceptable.

Veamos dos ejemplos: a Mari Carmen Martínez, una madre granadina, la Administración la ha puesto en la tesitura de renunciar a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, al considerar ésta incompatible -antes no lo era- con la asistencia de su hijo, por las mañanas, al correspondiente centro ocupacional; Juan José García, padre malagueño de un paralítico cerebral, ha visto cómo, a cambio de una paga de 300 euros al mes, tiene que perder la ayuda para tercera persona que venía percibiendo (150 euros mensuales) y abandonar la atención que su hijo recibía en una unidad de estancia diurna.

Como éstos, los que quieran. Tantos que el Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales se ha sentido obligado a denunciar las incompatibilidades que, no estando en la citada Orden de 2007 y por medio de instrucciones internas, se están introduciendo en Andalucía, en el caso de discapacitados intelectuales y menores de 16 años. "No se puede caer en la tentación -afirma su presidenta, Ana María Rey- de otorgar sólo el recurso de la paguita porque corremos el riesgo de dejar a las mujeres en casa, más dependientes". En el mismo sentido, señala María Victoria Romero, concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, que tiene "la instrucción de priorizar la ayuda a domicilio y las pagas al cuidador familiar, para que el dependiente permanezca en su entorno".

De ahí la filosofía perversa de la que les hablaba: ha costado siglos que las familias sacaran a la calle a sus hijos con problemas, que superaran una vergüenza tan absurda como antigua. No podemos permitir que por la burocracia, el cálculo económico o político y la incompetencia de la Junta de Andalucía, y con la maldita golosina del dinero, estos hombres y mujeres libres vuelvan al calabozo denigrante de sus alcobas. Sería un error y una estafa. Sería, sobre todo, la frustración infame de una esperanza para quienes, por desgracia, no tienen casi ninguna.