EN el presente se conjugan un conjunto de circunstancias económicas, sociales y políticas particularmente complicadas. Su desenvolvimiento será decisivo para el futuro del país. Los organismos internacionales e institutos de investigación económica pronostican que este año Europa recaerá en la recesión, y España más intensamente. Para 2013 las previsiones son menos coincidentes, pero apuntan a un crecimiento próximo a cero. En Europa no termina de romperse el círculo negativo entre la debilidad de los deudores soberanos, la fragilidad de los mercados financieros y la desaceleración económica. En España se suman el alto nivel de paro, de endeudamiento y de desconfianza para deprimir el consumo y la inversión privada, mientras que los ajustes de las administraciones públicas están contrayendo el gasto público con repercusión en la actividad privada.

Y en medio de este panorama el Gobierno está abordando un conjunto de actuaciones de profundo calado. Todas ellas necesarias, pero que en el corto plazo van a intensificar la tormenta. Así, ya estamos observando los efectos sobre la actividad económica y el empleo del ajuste fiscal de 15.000 millones de euros aprobado el 30 de diciembre... Y aún queda un segundo ajuste que se aprobará con el presupuesto. La reforma financiera, por su parte, va a exigir dotaciones de reservas suplementarias a la banca, que restringirán aún más el crédito. Y la reforma laboral puede suponer a corto plazo el aligeramiento de plantillas y la reducción de salarios, lo que aumentará el desempleo, deprimirá aún más la demanda y provocará conflictividad social.

Además, los efectos de los ajustes en las comunidades autónomas están afectando a las prestaciones del Estado de bienestar, por lo que tendremos noticias con frecuencia de hechos singulares lamentables como consecuencia de los recortes, que pueden estimular el desasosiego y la conflictividad social.

Teniendo en cuenta este panorama tan complicado, ¿debería haberse abstenido el Gobierno de abordar estos ajustes y reformas? La respuesta es doblemente negativa: no podía y no debía. No podía porque los mercados y las instituciones europeas nos los estaban exigiendo, y no atenderlas significaría la salida del euro y la bancarrota. Y no debía porque, aunque no hubiesen sido exigidos, la situación de nuestro país se haría insostenible en el medio plazo: gastamos por encima de nuestras posibilidades, tenemos una deuda privada muy elevada, el ritmo de crecimiento de la deuda pública es preocupante, algunas de nuestras entidades financieras continúan en una situación delicada y nuestra competitividad ha disminuido considerablemente. Se exigen por tanto reformas profundas y corregir los desequilibrios económicos... Y la historia nos enseña que estas actuaciones no pueden acometerse pausadamente. Pero los riesgos de deterioro del clima social pueden ser algo mayores que los que Rajoy da a entender.

Los hechos sociales no tienen una sola causa, sino que son la consecuencia de la interacción de factores diversos. Nuestro futuro será la resultante de la dinámica económica, de la acción política y de la evolución del clima social. En cuanto a la dinámica económica ya se han referido las previsiones depresivas, que inevitablemente implicarán un aumento del paro. La acción política vendrá marcada por la voluntad de ajuste y de reformas del Gobierno. El clima social es hasta ahora predominantemente favorable a las reformas, pero el desasosiego puede cundir con tantos parados, con la intensificación de los recortes, con el posible mal uso que algunos empresarios puedan hacer de la reforma del mercado de trabajo, y la tensión social puede explotar por donde menos se espera.

Estamos en medio de una tormenta, que puede ser necesaria y purificadora, pero una sociedad tiene que tener un horizonte factible de recuperación y progreso para que la frustración no derive en una dinámica destructiva. Ese horizonte de esperanza se podría entrever si se alargasen en el tiempo los compromisos de reducción del déficit público. En los últimos días la Comisión Europea ha abierto la posibilidad a la revisión de los objetivos de déficit de varios países, pero antes de determinarlo quiere conocer el déficit público de España en 2011 y los presupuestos que el Gobierno presentará el 30 de marzo.

Puede ser comprensible la posición alemana y de la Comisión de no aflojar el dogal de las exigencias de ajustes fiscales y reformas después de tanto despilfarro y promesas incumplidas por algunos países periféricos, pero cuando un país como el nuestro está seriamente comprometido con los ajustes y reformas, merece no condenarlo al estancamiento y a la desestructuración social. Una responsabilidad europea a la que deberían sumarse más agentes e instituciones españolas con planteamientos más ponderados y racionales que frenen los riesgos sociales.