Nunca sale nada bueno a la palestra informativa que se refiera a la Administración de la Justicia, a los jueces, a los magistrados, a los tribunales, a los abogados, que por cierto no somos colaboradores sino parte esencial de aquella. Sin nosotros no hay Justicia, al menos en un Estado democrático.

Los asuntos que trascienden y calan en la opinión pública, que se escandaliza y con razón, suelen ser verdaderamente sorprendentes, cuando no trágicos.

Si no me equivoco, en ninguno de los debates televisados entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno (tampoco entre los candidatos al Gobierno andaluz) se pronunció tan siquiera la palabra Justicia. Algo se ha rectificado ya en los discursos de investidura y en las declaraciones de intenciones de los más altos dirigentes políticos. Algo empieza a (re)moverse cuando se pronuncia la palabra Justicia que anida en los corazones de los hombres sin necesidad de conocer las definiciones de los juristas romanos (Gayo, Justiniano, Ulpiano, "constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo"; Celso, "el arte de lo bueno y de lo equitativo"). No es difícil diagnosticar qué le pasa a esa enferma crónica que conocemos como Administración de Justicia.

Partiendo siempre de que se trata, la de administrar (ad manus trahere: acercar las manos) Justicia, de una tarea humana, por tanto falible. Pero aplicando el fonendo, explorada convenientemente y tras la analítica y pruebas de rigor, se verifica sin mucha dificultad que: 1) Los jueces necesitan buenas leyes, técnicamente bien construidas, que respondan a las necesidades sociales, y que no den lugar a catorce, veinte o cuarenta interpretaciones distintas y aun opuestas radicalmente.

2) Si bien las leyes les vienen dadas por el Parlamento, el sistema de selección de estos funcionarios públicos debe ser revisado con detenimiento y urgencia, pues ni es intocable, ni el mejor de los existentes en los países de nuestro entorno jurídico-político-cultural. Ciertamente la oposición dura y pura es igualitaria, y no distingue (no debe) entre los apellidos u orígenes de los opositores; pero también es irracional en el siglo XXI, que no es, obviamente, el XIX en sus finales, y es irracional porque prima el memorismo en vez del entendimiento, de la capacidad de raciocinio, del sentido común.

El opositor debe demostrar una fuerza de voluntad enorme, una tenacidad a prueba de bomba, una estabilidad emocional, e incluso un equilibrio que suele tornarse en un cierto desequilibrio -que se manifiesta de varias formas- tras muchos años sometidos a un ritmo de trabajo de incansable máquina, y de cartujo. Y es que si bien la experiencia se adquiere, en todas las profesiones y oficios, con el tiempo, como la madurez humana, no sobrarían unas pruebas psicotécnicas en condiciones, a quienes por muy bien que se sepan un temario, tienen en sus manos la libertad, la propiedad y la seguridad de sus iguales.

3)Con una selección conveniente, limpia, sin atajos, con criterios objetivos, expediente académico, buena técnica jurídica, equilibrio personal, sentido común, sensibilidad social, es decir, con una auténtica revolución en la selección, hay que decir que el juez debe empezar desde abajo, haciendo prácticas en juzgados especialmente conflictivos, recreando la figura del antiguo juez de distrito, ampliando sus competencias en materia civil a separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, reclamaciones de cantidad hasta 120.000 euros, todas las faltas, la instrucción de delitos menores, por decir algo para que el juez se foguee, teniendo siempre al de instrucción como superior, como paraguas; esto es, que la carrera judicial sea una verdadera carrera en la que alzaprime el mérito, la capacidad, la demostrada competencia, la calidad de las resoluciones. De ninguna de las maneras el mero transcurso del tiempo debe ser, como ahora, suficiente para ascender. Que ascienda quien lo merezca y cuando lo merezca. Quien no pueda (o no quiera) debe quedarse en juez de distrito. Esto sí, con criterios objetivos y objetivables, sin margen para la ambigüedad, la cacicada o para la arbitrariedad.

La situación actual es un prodigio de irracionalidad: mandar a jóvenes jueces en primer destino a Chiclana, Barbate y otros de similares características, es sencillamente, ponerlos a los pies de los caballos, a los que se prestan, es cierto, gustosamente ellos por tal de ascender pronto y porque no pueden cambiar el sistema. Es como si a un médico residente se le encarga dirigir un transplante multiorgánico. Y de aquellos polvos vienen estos lodos de inseguridad, las cajas destempladas, el nerviosismo y otras tantas actitudes impropias de los depositarios de un poder del Estado tan descomunal. Pero, ¿de verdad está la llamada Carrera Judicial por la labor, sin resistencia -expresa o tácita- corporativa?