EL urbanismo ilegal ha sido y es triste protagonista de la actualidad de muchos municipios españoles . Pocos ayuntamientos se han podido librar de una práctica que ha lastrado el desarrollo e hipotecado el futuro de muchos municipios. En la provincia de Cádiz, los casos más sonados (aunque tampoco los únicos) han sido los de El Puerto, Vejer y Chiclana, donde las intervenciones de jueces, fiscales y la Guardia Civil han sido intensas en los últimos años y decisivas para frenar un desarrollo urbanístico ilegal que se había disparado, con las diferentes administraciones públicas implicadas enfrentadas entre sí a la hora de establecer responsabilidades. En Chiclana el fenómeno alcanzó cotas altísimas, llegando a superar las 15.000 viviendas, que son las que se han visto incluidas en las llamadas áreas de gestión básica (AGB) que el Ayuntamiento ha aprobado para iniciar el proceso de regularización de las mismas. Acabó, en efecto, el tiempo en el que se hacía la vista gorda o se perdía en un mar de procesos burocráticos. Pero la pregunta de qué hacer con lo ya construido ha sido el dolor de cabeza de muchos responsables municipales que tienen que cruzarse a diario con los vecinos afectados. La celebración ayer en esta localidad de una jornada técnica sobre "La regularización urbanística en Andalucía" (organizada por el Grupo Joly y patrocinada por el Ayuntamiento de Chiclana) no es, por tanto, una casualidad. Chiclana, no sin dificultades, ha puesto en marcha un proceso que muchos otros municipios con problemas de edificaciones ilegales pueden contemplar como un ejemplo. El Defensor del Pueblo Andaluz, en un reciente informe, avaló las argumentaciones del Consistorio chiclanero al señalar que el proceso de regularización no puede ser costeado por el resto de los vecinos que sí han cumplido la legalidad. Existen mecanismos para que esa regularización no sea una carga excesiva para quienes vayan a pasar a disfrutar de una vivienda con todas las bendiciones. A estas medidas municipales habría que añadir otros pasos dados desde la Administración autonómica para evitar la proliferación de construcciones al margen de la ley, de forma que exista un amparo a esas decisiones. El trabajo conjunto entre instituciones es la única garantía del éxito final.