LA subida del IVA decretada por el Gobierno, dado que no tiene carácter general sino que se aplica sobre determinados productos o servicios, tiene la condición de un juicio moral. Si aceptamos que la imposición no se hace al azar sino en virtud de profundos análisis hemos de suponer que el sanedrín del Ministerio de Hacienda, antes de emitir sentencia, examina el comportamiento de todo el género expuesto a la tributación y, en función de determinadas razones, salva a unos y condena a otros. Sin embargo, a los inexpertos en juicios universales se nos hace harto difícil comprender los fundamentos que determinan la salvación o la condena. Intuimos que Hacienda ha culpado de alguna manera a los muertos al subir al tipo máximo de los servicios funerarios y las flores. También presentimos que por alguna desafección profunda ha decidido hostigar a los ópticos (Montoro y Rajoy gastan gafas), escarmentar a los que viven del turismo y linchar directamente a los promotores de espectáculos y a los artistas. Pero es imposible barruntar qué le han hecho al Gobierno las témperas, las cartulinas y la barras de plastilina que han sido condenadas al 21%, el equivalente a la cadena perpetua. Y qué ha removido su misericordia hacia los mapas, los álbumes y las partituras. Un dios perturbado gobierna el sistema tributario español.