UNA semana después de estallar el caso Estepona no ha dimitido nadie. Ni siquiera Antonio Barrientos ha dejado de ser concejal; sólo ha renunciado a la Alcaldía. En el PSOE se ha abierto el paraguas para aguantar el chaparrón informativo, en la convicción de que la prensa se cansará y otros temas harán olvidar el fiasco de su gestión en el Ayuntamiento de Estepona. Estos ocho días nos han aportado mucha noticia de lo que pasaba en este municipio. La juez considera que Barrientos era el cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades públicas y privadas, y para enriquecerse personalmente. Entre las actividades privadas estaría financiar a su propio partido. Esta semana hemos sabido de cajas de seguridad en los bancos con dinero B, de billetes de 500 euros con los que se atendía a asociaciones en campaña electoral, de concejales socialistas que advirtieron a la dirección provincial sobre lo que estaba pasando.

Y en este punto, encontramos uno de los nudos gordianos del problema. La secretaria provincial, Marisa Bustinduy, y el secretario regional de Organización han entonado al unísono la misma canción: "A mí, que me registren". La semana pasada ponía como ejemplo que Willy Brandt dimitió como canciller de Alemania Federal porque se descubrió que su secretario personal, Günter Guillaume, era un espía de la RDA. No había ningún indicio de que este sujeto y su mujer eran infiltrados de la Alemania comunista, pero un político de la categoría de Brandt se sintió responsable. Aquí no hay responsables políticos, porque no hay dirección política. Luis Pizarro, el número dos del PSOE andaluz, afirma que ha fallado la condición humana. No. Han fallado los controles políticos. La burocratización de los partidos trae estas cosas: un funcionario reclama al concejal que señala irregularidades que "la denuncia sea probatoria", igual que el empleado de una ventanilla pública exige que una solicitud sea por duplicado y con una póliza de 20 céntimos.

Una dirección política es otra cosa: supone una autoridad y una responsabilidad. La Junta de Andalucía, para cubrirse, señala que ha abierto 1.300 expedientes por presuntas irregularidades urbanísticas en Estepona. ¿No lo sabía el Partido Socialista? Pizarro y Bustinduy tenían miles de indicios sobre irregularidades en este municipio. Por tanto, tienen miles de razones más de Brandt para asumir su responsabilidad. ¿Saben ustedes que Barrientos es delegado al congreso regional del PSOE en el número 9 de la lista de Bustinduy?

Ahora no se puede venir a decir a la opinión pública que ha habido un fallo humano, como si el maquinista de un tren se salta una señal. Aquí hay un problema de código, de valores, de ética. De control político. Y muchos responsables. Pero no dimite ni dios.