Editorial

Una dimisión obligada

LA recién designada delegada provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta en Málaga ha hecho pública su renuncia al cargo, del que iba a tomar posesión el lunes. La dimisión de María José Mata se produce inmediatamente después de que el Grupo Joly publicase que constituyó una empresa junto a un abogado investigado en la operación Malaya, mientras ella ejercía como inspectora de Urbanismo de la Junta de Andalucía. Además, este periódico decidió publicar por su interés informativo los extractos de tres conversaciones telefónicas que figuran en el sumario de la trama marbellí. En una de ellas la Policía grabó al citado letrado cuando hablaba con María José Mata. En estas escuchas hay una referencia a una cantidad de dinero producto de un supuesto negocio y se menciona la condición de Mata como funcionaria del Gobierno andaluz. La aludida negó que su participación en una empresa vinculada al sector inmobiliario fuese incompatible con su función y rechazó haber recibido dinero del abogado investigado. Será la Justicia y la propia Administración andaluza las que deban determinar si el contenido de estos informes ha ser objeto de comprobación, como ha anunciado la Fiscalía, y si de ésta se deriva algún comportamiento punible. Pero aun con todas las prevenciones necesarias al analizar este caso y sin cuestionar las afirmaciones de la afectada, estos antecedentes desaconsejaban el nombramiento de Mata para un puesto político de especial calado en la provincia malagueña, como es la ordenación del territorio y el desarrollo de todos los planes generales pendientes, y más con el precedente de lo que ha sucedido en Marbella. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, ha aceptado la dimisión de Mata como la mejor solución al caso. Lo mínimo que podemos exigirle a él y otros responsables de la Junta es que elijan con cuidado a sus colaboradores. Los nombramientos, antes que a razones de partido, cuotas o amistades, deben atenerse a criterios estrictos para ocupar un cargo público: eficiencia, solvencia y honestidad.

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