EL nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas constituye un auténtico desafío para el desarrollo del Estado de las Autonomías tras las reformas estatutarias aprobadas en la legislatura anterior. Cataluña ha forzado al Gobierno de la nación a iniciar las negociaciones de manera inmediata, tal y como establece su Estatuto, que tiene categoría jurídica de ley orgánica, a pesar de que la crisis económica y el consiguiente deterioro de las cuentas públicas no dibujan un escenario muy halagüeño ni permiten muchas alegrías. Los otros planteamientos de la Generalitat (negociación bilateral con el Estado y limitaciones de la solidaridad territorial) han despertado una oposición frontal en numerosas comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE, que presionan al Gobierno de la nación para que no ceda ante Montilla. Precisamente, el presidente Zapatero ha convocado a un encuentro a todos los barones territoriales socialistas con el propósito de limar asperezas y tratar de llegar a un consenso mínimo. La cumbre se celebrará mañana, miércoles, inmediatamente después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que el ministro de Hacienda habrá de dar pistas sobre los criterios del Gobierno, así como escuchar los planteamientos de los distintos consejeros autonómicos. El vicepresidente económico de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aparece en este contexto como la punta de lanza de las exigencias de las comunidades más necesitadas frente a la reivindicación de Cataluña. Aunque Griñán admite las posiciones catalanas acerca de la corresponsabilidad fiscal y el criterio de la población como eje del nuevo sistema, rechaza enérgicamente la pretendida limitación de los fondos de nivelación y suficiencia a garantizar la igualdad en la prestación de los servicios a educación, sanidad y servicios sociales, dejando fuera cuestiones tan relevantes como la vivienda o la justicia. Es una posición justa, que refleja plenamente el interés general de Andalucía.