LOS profesores firmantes de este artículo, miembros de la comunidad educativa en defensa de la educación pública, declaramos lo siguiente ante las últimas medidas tomadas por los gobiernos central y autonómico:

Rechazamos la actual política de recortes de los servicios públicos que son la base de todo sistema democrático. Como trabajadores y trabajadoras del sistema público de enseñanza estamos comprometidos con la calidad y el sentido igualitario del mismo y entendemos que las actuaciones de los gobiernos citados conculcan estos principios irrenunciables en los que se asienta el Estado de derecho.

Defendemos la necesidad de mantener todos los puestos de trabajo del actual sistema público, sin los cuales los centros de enseñanza se verán expuestos a un grave empeoramiento de servicios y calidad. Este tipo de enseñanza, que ahora se pretende rebajar, es el que sin embargo permitió a las generaciones anteriores la formación, el progreso social y la integración como ciudadanos en un sistema democrático plural.

Estamos seguros de que el deterioro de nuestras condiciones de trabajo, lo mismo que las del resto de la población laboral, no es solución para la crisis económica actual, sino más bien abuso, consentido por los poderes públicos, de estrategias que atentan interesadamente contra el Estado del bienestar que muchos de los que nos precedieron se esforzaron en conseguir.

Creemos que la enseñanza tiene que estar comprometida con la solidaridad, la crítica, la libertad, la dignidad, la excelencia y la creatividad, sin las cuales será imposible superar la situación actual de una manera justa y equitativa. En caso contrario se propiciarán la ignorancia, la resignación y el miedo, en los que se basa el modelo único de respuesta social que como norma de integración se pretende imponer.

Por último, convencidos de que nos corresponde a todos defender un patrimonio y un derecho universal, la educación pública, solicitamos la supresión de la actual política de recortes en el sistema público de enseñanza y en el conjunto de los servicios y políticas sociales que hasta hace muy poco eran referencia y garantía de ciudadanía democrática.