Si la situación procesal de los gobernantes catalanes insurrectos hubiera dependido de Mariano Rajoy, estoy seguro de que ahora no estarían en prisión (preventiva). Sería lo más acorde con el tono de la réplica marianista, tan demorada, al desafío del independentismo: intervención medida y acotada de la autonomía catalana y restauración de la legalidad democrática a través de unas elecciones. En dos meses.

Ocurre que en España funcionan, más bien que mal, la separación de poderes y la independencia de la Justicia (por eso el caso Gürtel sigue en pie y por eso han ido a la cárcel Jaume Matas, Fabra, Granados o González), en virtud de las cuales la juez Carmen Lamela mandó enchironar a Junqueras y otros siete ex consejeros de la Generalitat, mientras el jefe Puigdemont, cada día más ridículo y circense, demostraba que el rasgo más incontrovertible de su personalidad es la cobardía extrema. "Presentaos vosotros, que a mí me da la risa".

Probablemente algunas de las razones que sustentan el auto de prisión dictado por Lamela son discutibles. Que los imputados vayan a destruir pruebas o reincidir en su actividad delictiva no está nada claro: ya les ha dado tiempo a destruir todas las pruebas que han podido y, cesados en sus cargos, no pueden tomar decisiones operativas para acelerar la secesión. También es matizable que haya riesgo de fuga. Puigdemont lo ha hecho, pero precisamente sus ocho subordinados han comparecido en la Audiencia Nacional.

Otra razón sí tiene un peso considerable, a saber, la gravedad de los delitos de los que se les acusa y las elevadas penas que conllevan (rebelión, sedición y malversación), que sumarían en su máximo grado 50 años. Seguramente es lo que convierte en inevitable la decisión de la juez Lamela: es que estos señores organizaron, al menos desde 2015, una trama golpista contra la Constitución democrática y ejecutaron con reiteración todos los pasos de la hoja de ruta de la sedición, buscando la desestabilización y la agitación social a cargo de las organizaciones civiles pagadas con dinero público.

Lo que está claro es que la juez estaba obligada a ejercer de juez. Lo último que debía tener en cuenta en su contundente auto de prisión son las consecuencias políticas del mismo. Muchos piensan que reaviva el independentismo y echa gasolina al fuego. Como si el núcleo duro del independentismo, que es el que ha provocado el incendio, necesitara ayuda para no apagarlo...