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Rafael Sánchez / Saus

El camino de Oregón

Oregón, en la lejana costa del Pacífico, es uno de los estados más liberales de Norteamérica, pero ya sabemos que en Estados Unidos llaman liberales a los que aquí en España gustan denominarse progresistas. Es decir, a quienes participan de ese feliz utopismo que proporciona la suficiencia moral para oponerse a todo lo que ha constituido la base del comportamiento humano durante milenios, para subvertirlo. Como se es más progre cuanto más se corre hacia la desvinculación, la negación de la vida y, en el fondo, hacia el desastre personal o social, los ciudadanos de Oregón aprobaron en 1994 una "Ley de Muerte Digna" que, como en todos aquellos sitios donde se trata de vender la mercancía, se arropó con estudiadas proclamas sobre la necesidad de aliviar los sufrimientos de los enfermos agonizantes. Por supuesto, nada que ver con la eutanasia, pero en 1998 se practicaron ya los primeros suicidios legalmente asistidos, los cuales sumaban 292 en 2006, en tendencia creciente a medida que la práctica habitual va erosionando la conciencia general sobre el valor de la vida humana, incluso de la vida propia.

Al mismo tiempo, siempre en el muy progre Oregón, se producía el recorte de fondos de la sanidad pública para enfermos terminales y cuidados paliativos, de forma que el muy liberal y desarrollado estado de Oregón recibía en 2002 un deficiente en centros geriátricos y un insuficiente en cuidados paliativos en un informe de carácter nacional. Ese mismo año, la Universidad de Oregón publicaba un estudio en el que demostraba que los enfermos morían con el doble de dolores agudos o moderados que antes de que los beneméritos progres de Oregón se pusiesen a organizarles sus muy dignas muertes. Hace sólo unas semanas, una mujer de 64 años con cáncer avanzado de pulmón, Bárbara Wagner, recibía una carta del Plan de Salud de Oregón en la que se le comunicaba la imposibilidad de que el sistema se hiciera cargo de su costoso tratamiento, pero muy sutilmente, según denunciaba indignada la propia paciente a la prensa local, se le recordaba que, llegado el momento, sí podría recurrir al suicidio asistido.

La semana pasada, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, presentó el borrador de una ley "reguladora de la dignidad de las personas ante el proceso de la muerte", que se quiere aprobar antes de fin de año. No se alarmen ustedes; por supuesto, se dice, la ley no tendrá nada que ver con la eutanasia. Ahora es el momento del "debate" sobre los sufrimientos intolerables, el respeto a la decisión de las personas informadas sobre su propia vida y el derecho a la muerte digna, como si los hospitales fuesen hoy despachos de carnicería en manos de sádicos deseosos de atormentarnos hasta el último aliento. El camino hasta Oregón parece largo, pero ya hemos empezado a recorrerlo.

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