Editorial

Un ajuste duro que debió hacerse antes

EL plan de austeridad anunciado ayer por el presidente del Gobierno con el objetivo de reducir el déficit público es drástico y duro, pero necesario. De hecho, era necesario hace mucho tiempo y sólo el triunfalismo irresponsable de Rodríguez Zapatero ha ido aplazando la imprescindible adopción de medidas de ajuste de las cuentas públicas españolas. Medidas, en todo caso, impopulares, ya que exigen sacrificios a un amplio colectivo de ciudadanos, en especial a los funcionarios y los pensionistas, a la vez que afectarán en el corto plazo a las posibilidades de crecimiento económico y de generación de empleo. Han tenido que ser los socios más poderosos de la Unión Europea, además de la intervención final de Obama, los que convenzan a Zapatero de que no podía aplazar más un plan de ajuste que todos los expertos y las instituciones financieras nacionales e internacionales le demandaban. Tanto el Fondo Monetario Internacional como la propia Unión Europea saludaron ayer favorablemente el paquete de medidas anunciado por el Gobierno, que en definitiva vienen a estabilizar la economía española y taponar la posibilidad de una crisis al estilo griego, con repercusiones en toda la zona euro. La reducción de los salarios públicos, la congelación de las pensiones -salvo las mínimas y las no contributivas-, la eliminación del cheque bebé, el recorte en la aplicación de la ley de dependencia y la caída de la inversión pública suponen, efectivamente, sacrificios y daños para las economías familiares de millones de españoles, y eso augura un periodo de tensiones sociales, además de poner en cuestión el idilio entre un Gobierno que se ha destacado por prometer la salida de la crisis sin afectar a los derechos sociales y unos sindicatos convertidos en interlocutores privilegiados del Ejecutivo que parecían tener derecho de veto sobre las reformas económicas y laborales. Estas reformas siguen pendientes. Lo que se ha hecho ahora es afrontar al fin el ajuste del gasto del Estado a sus ingresos, como demandaba la existencia de un déficit público que pone en peligro el futuro de España como país desarrollado y su lugar natural en el concierto de una Europa en construcción, que el pasado fin de semana dio un paso adelante.

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