ANDAMOS los empleados públicos de la Administración andaluza profundamente consternados con la labor del Gobierno autonómico. Primero, la rebaja del sueldo y después la Reforma del Sector Público, la cual ha de entenderse como un auténtico fraude. Publicados el pasado 28 de julio de 2010 el Decreto Ley de Reordenación del Sector Público y el Acuerdo del Consejo de Gobierno en que se basa dicho Decreto Ley, éste último ha sido recurrido ante el TSJA por CSIF. Y es que la reestructuración se ha llevado a término a golpe de Decreto Ley, sin respetar el más mínimo derecho a la negociación colectiva.

Surgen las dudas porque entendemos desde CSIF que la verdadera causa de la reforma no consiste en el ahorro sino en otros motivos más espurios. Desde que la Junta se dotó de un aparato administrativo para la gestión y prestación de cada vez más numerosas competencias, el crecimiento de su administración "paralela" ha sido en progresión geométrica, cuya dimensión alcanza los 28.000 contratados y tiene una deuda de 379 millones de euros. Pero claro, esto último ni siquiera lo sabe la Junta con precisión, ya que el engrandecimiento de este sector instrumental ha sido desmesurado, y en la mayoría de los casos, fuera de cualquier control del Parlamento y de la Cámara de Cuentas.

Los que formamos parte de la Administración de la Junta de Andalucía hemos pasado por rigurosos procesos de acceso en buena lid con otros opositores y en condiciones de igualdad. Ahora bien, ¿ha quedado esto último garantizado en la contratación de personal por parte de estos entes instrumentales, a lo largo de los últimos años? Probablemente no, y así lo ha puesto en evidencia en varias ocasiones la Cámara de Cuentas. Llegados a este punto, toca especular sobre el auténtico alcance de la reforma. De un lado, la creación de una nueva tipología de "Agencias Públicas" que opera el Decreto Ley consiste en posibilitar la consideración de algunos de esos antiguos entes como Administración Pública a efectos de la Ley de Contratos. Hasta aquí vale, pero ¿qué persigue la equiparación entre los trabajadores hasta ahora contratados por estos entes y el personal laboral propio de la Junta de Andalucía? Es más, ¿por qué se exigirá la "laboralización", quedando en situación de excedencia, de los funcionarios que se vean afectados por la creación en el ámbito de sus funciones de una de estas nuevas agencias públicas? Puestos a pensar, todo esto huele a coladero en la Administración de un personal que fue contratado por sociedades mercantiles y fundaciones del sector público sin saber por qué méritos y a costa de los empleados públicos que, con gran agravio comparativo, tuvieron que pasar por duras pruebas selectivas.

Llegamos al fondo de la cuestión. Si el ahorro no va a ser la principal finalidad de la reforma, todo indica que el Gobierno Andaluz, aprovechando que la crisis pasa por Andalucía, se saca de la chistera un Decreto Ley que privilegia a aquellos que en su día accedieron sin mérito contrastado y que por tanto se han convertido en adeptos incondicionales de las siglas políticas que propició esto. Dicha reforma supone una gran mentira y una afrenta, no sólo a los empleados públicos, sino a los andaluces en general, al permitir que se consagre una práctica de "colocación" hasta ahora proscrita por la legislación reguladora del acceso a la Función Pública. Es más, en estos tiempos de crisis, son también muchos los que, obligados por el desempleo y con un alto nivel de formación, dedican su retiro forzoso a preparar oposiciones .¿Qué pueden esperar estos opositores cuando, dedicando denodados esfuerzos para ello, contemplen con estupor cómo muchas personas van a disfrutar de idénticas condiciones y derechos que un funcionario sin haber superado ni una sola prueba?

Esta reforma fue pactada en el último Acuerdo de Concertación Social entre empresarios, los sindicatos de clase UGT y CCOO y la Junta de Andalucía, poniendo a los empleados públicos a los pies de los caballos, responsabilizándolos de un agujero económico que no han generado, sino que se ha debido al despilfarro de unos pródigos políticos que han acrecentado la deuda con la creación de más de 300 de estos entes instrumentales absolutamente deficitarios, a los que ahora, "como premio" se les otorga carta de naturaleza de una auténtica Administración Pública.

La verdad que no cuenta el Gobierno Andaluz es que la medida va a suponer un nimio recorte del gasto público, va a relegar al funcionario, hasta ahora único garante del servicio público de calidad al ciudadano, y va a blindar la continuidad de un personal (el de las empresas públicas y fundaciones del sector público) que se constituye en un auténtico 'voto cautivo'. En resumen: se ahorra poco, pierden los funcionarios por oposición y los ciudadanos en general y ganan los afines al poder.