Editorial

Protesta en Cataluña

LOS partidos políticos que componen el Gobierno tripartito de Cataluña y la principal formación de la oposición, Convergencia i Unió, han convocado hoy un acto contra lo que entienden es un "incumplimiento" de su Estatuto por parte del Ejecutivo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tal incumplimiento se refiere a una disposición que marca el 9 de agosto como fecha límite para que la Generalitat y el Gobierno central "concreten" -tal es el verbo que se recoge en el Estatut- el nuevo modelo de financiación autonómica de Cataluña. Es ahí donde reside el problema: es el Estatuto catalán el que le marca a la Administración central una fecha para llegar a un acuerdo con una comunidad autónoma en concreto, a pesar de que la ley estatal que regula la financiación (Lofca) exige que el modelo sea el mismo para todo el país, a excepción de Navarra y el País Vasco. Por tanto, el Gobierno no puede cerrar un acuerdo con Cataluña sin que a la vez lo haga con el resto de comunidades. Los redactores del Estatuto pecaron, además, de imprudencia al fijar una fecha límite para una negociación compleja, si bien es cierto, que la institución que aprobó este texto como ley orgánica fue el Congreso de los Diputados. Estas exigencias catalanas adolecen de una más que dudosa constitucionalidad (de hecho, es uno de los asuntos sobre el que mayor consenso existe en las deliberaciones del Tribunal Constitucional) por cuanto subyace la implantación de una suerte de relación confederal entre España y Cataluña para determinados aspectos. Estamos por tanto ante una protesta institucional que más se parece a un intento de imposición, cuyo fondo legal debería ser aclarado cuanto antes por el Constitucional, que sigue sin resolver un asunto que está emponzoñando las relaciones entre las comunidades de un mismo país. Por lo demás no es cierto que el Gobierno central no haya concretado cuál es su modelo de nuevo sistema financiación autonómica: el vicepresidente Pedro Solbes lo ha presentado, asunto distinto es que al tripartito no le guste. Por eso es preciso negociar, pero con todos.

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