La tribuna

Juan Aguilera Ruiz

Primer balance del Pacto

EN el pasado mes de diciembre, la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los agentes económicos y sociales de Andalucía (CEA, UGT y CCOO) y las principales entidades financieras firmaron un gran acuerdo, el Pacto Andaluz de la Vivienda, para construir en los próximos diez años 700.000 viviendas, de las cuales 400.000 deben ser libres y 300.000 protegidas.

Mucho se habló en aquellas fechas de que el Pacto tenía un marcado carácter político e incluso existieron voces anónimas que criticaron puntos importantes del acuerdo, aunque nadie se opuso a su firma.

Se debe resaltar, de entrada, que todas las dudas que existían se han podido resolver en la concertación del Plan de Vivienda gracias a que el contenido del Pacto es tan amplio y tan sólido que se pueden sustentar en él los acuerdos y las normas necesarias para resolver los problemas que tienen la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda en Andalucía.

Y es que el Pacto no se limita, como muchos todavía creen, a fomentar la construcción de viviendas protegidas, sino que aborda también otros retos igualmente relevantes, como son flexibilizar las directrices de la ordenación territorial, agilizar las adaptaciones de los PGOU a las nuevas legislaciones, acomodándolos a los cambios sociales, fijar unos precios realistas para las viviendas protegidas que puedan hacer frente a sus costes o instaurar por ley el derecho de los ciudadanos a una vivienda, haciéndose cargo la Junta de Andalucía del sobreesfuerzo económico que tendrían que realizar los usuarios más allá de los límites que exigen las entidades crediticias para otorgarles un préstamo hipotecario.

Teniendo presente que los procesos urbanísticos son muy complejos y que tienen un largo periodo de maduración, cualquiera de los objetivos anteriormente señalados constituyen por sí solos un verdadero problema que requeriría un análisis y un consenso independiente.

Debemos destacar, por tanto, el gran esfuerzo que han realizado todas y cada una de las partes firmantes del Pacto para que en sólo seis meses, y con unas elecciones nacionales y andaluzas de por medio, se pueda presentar un balance francamente halagüeño, como lo demuestra el que ya se haya publicado en el BOJA el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que incluye fórmulas de ayudas a los compradores inéditas hasta ahora; que se haya suscrito un acuerdo con las entidades financieras para hacer frente a las actuaciones previstas en el Plan, que se hayan promulgado unas normas de adaptación de los planeamientos urbanísticos a las nuevas legislaciones que están solicitando para sí otras Comunidades Autónomas e incluso que se tenga prácticamente ultimado un Decreto que reducirá la tramitación de los expedientes.

Todos estos documentos los ha aprobado el Gobierno andaluz contando con el respaldo unánime de las instituciones y agentes que participan en el pacto, debiéndose destacar que en la FAMP también existe un gran consenso sobre ellos.

Hay, pues, fundadas razones para sentirse satisfechos por el trabajo realizado y en teoría, aunque queda mucha tarea por delante, no deberían presentarse grandes dificultades para alcanzar los objetivos planteados en el pacto, pero no podemos olvidar, por un lado, que este Plan de Vivienda tiene la gran novedad de ser concertado y requiere que cada parte cumpla con las obligaciones que tiene asignadas, y, por otro, que su desarrollo necesita contar, al menos, con tres elementos: suelo donde sustentar los proyectos; recursos económicos suficientes para hacer frente a la promoción y comercialización de las viviendas, y empresas capacitadas para ello.

Por nuestra parte no va a quedar, porque empresas especializadas en vivienda protegida, afortunadamente, tenemos, y tanto la CEA como sus organizaciones (FADECO, GAESCO y demás asociaciones provinciales) estamos firmemente decididos a cumplir con nuestros compromisos.

El suelo nos consta que las Administraciones están en el intento de obtenerlo. Y el dinero, aunque se nos dice que está comprometido por las entidades financieras, lo cierto es que actualmente éstas deniegan los préstamos hipotecarios que solicitan los compradores.

La situación no puede ser más delicada. Esperemos, no obstante, que no falte ni suelo ni financiación, porque sin ellos todo el trabajo realizado sería estéril y esto no nos lo podemos permitir en un momento tan difícil como éste en el que vivimos.

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