Editorial

Ponerlos fuera de la ley

L AS declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el sentido de que la posición del partido radical vasco ANV es "mucho más frágil hoy que ayer", coincidentes con otras semejantes de los ministros de Justicia e Interior y del fiscal general del Estado, permiten consolidar la hipótesis de que la ilegalización de esta organización será acometida en breve plazo. Desde luego, antes de las elecciones del 9 de marzo próximo. Las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio Público acumulan indicios y pruebas de la vinculación de Acción Nacionalista Vasca -heredera de un partido tradicional del espectro nacionalista- con la banda terrorista ETA. Sólo en el contexto del proceso de paz iniciado por el Gobierno de la nación, con autorización del Congreso de los Diputados, durante la última tregua de ETA, puede entenderse que no se encontraran esas pruebas de que ANV iba a actuar como el renovado brazo político de los terroristas, sustituyendo así a la ya ilegalizada Batasuna. La conveniencia política del momento interfirió entonces en el proceso judicial, haciendo posible que numerosos ayuntamientos se constituyeran con presencia de alcaldes y concejales electos bajo estas siglas, restituyéndose a las instituciones a una organización satélite de ETA (incluso ANV fue declarada legal en unos municipios e ilegal en otros, criterio realmente esperpéntico). La nueva situación creada por la ruptura de la falsa tregua etarra, con los asesinatos de Barajas, hace un año, y de los dos guardias civiles en Francia, el sábado pasado, han producido una importante rectificación en el Gobierno, que ya habla sin matices, de la derrota de la organización terrorista, y un acercamiento de posturas entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, básico para afrontar la recta final de la lucha contra ETA. En este tramo, como en otros anteriormente cruzados, es vital que la banda no vea sólo desarticulados sus comandos y capturados sus activistas, sino también cercenados por la ley todos los instrumentos que ha ido creando a su servicio a lo largo de su trayectoria criminal (aparatos de finanzas, propaganda, internacional, sindical, etcétera).

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