EL pasado viernes el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobaba una propuesta del grupo municipal popular para pedir a la Junta de Andalucía que cumpla con sus competencias en materia de vivienda, o mejor dicho, en política social de vivienda porque lo uno sin lo otro no tiene el sentido público y de interés general que se le supone a una administración pública. En esta propuesta solicitábamos que la Junta transfiera a los Ayuntamientos -en este caso al de Cádiz- los recursos económicos para hacer frente a los gastos en alquileres de viviendas para familias necesitadas que desde hace años asumimos en solitario desde el Ayuntamiento gaditano ante la pasividad de la administración competente: la Junta de Andalucía.

No es la primera ocasión ni el único foro de representación ciudadana en el que elevamos esta petición sin conseguir resultado alguno. La Junta de Andalucía desoye a las familias gaditanas más necesitadas, aquéllas que no tienen ni para pagar el alquiler de una vivienda; aquéllas que si por la Junta de Andalucía fuera estarían abocadas a vivir en chabolas; aquéllas que no encuentran otro amparo social y económico que el de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

En lo que va de año el Ayuntamiento de Cádiz -aún sin tener competencia alguna, insisto- ha gastado más de 560.000 euros (casi cien millones de las antiguas pesetas) en pagar el alquiler de los pisos a las familias que menos tienen. Es un coste muy elevado al que tenemos que hacer frente, sí o sí, porque al PSOE-Junta de Andalucía se les antoja ésta una responsabilidad incómoda o costosa y prefiere cargarla a las espaldas de los ayuntamientos.

Mientras tanto, la administración con menos recursos -los ayuntamientos- seguimos soportando unos gastos que legítimamente corresponden en exclusiva a la Junta de Andalucía. Y no lo digo yo, como alcaldesa, lo decía el anterior Estatuto de Autonomía de Andalucía y lo dice el actual, cuyo artículo 56 deja bien claro que le corresponde a la Comunidad Autónoma Andaluza la competencia exclusiva en materia de Vivienda. Una obligación que refuerza el artículo 61 del citado Estatuto, que establece que es también la Comunidad Autónoma Andaluza la competente en exclusiva de las prestaciones económicas con fines asistenciales.

Ante esta situación, qué menos que pedir a la Junta que deje de comportarse como las avestruces y no esconda más la cabeza; qué menos que reclamar que se transfieran a los Ayuntamientos los recursos económicos para asumir los gastos de estos alquileres sociales y realojos y qué menos que estas ayudas para política social de Vivienda se incluyan en el Plan Andaluz de Vivienda.

Esta presión económica provocada por la desidia de los socialistas no es de ahora. Viene de largo pero no se puede perpetuar más tiempo. Así lo reclamo como alcaldesa y representante de los gaditanos, muchos de ellos beneficiarios de alquileres sociales. ¿Qué pretende el PSOE, que las familias que menos tienen se queden si un techo donde vivir?, ¿hacerles creer que tienen menos derechos que los demás ciudadanos?, ¿decirles que la Junta se gasta el presupuesto en otros proyectos y que para ellos no hay ni un euro? ¿Dónde está aquí la política social de vivienda? ¿Dónde está el principio democrático de la igualdad? ¿Qué quieren los socialistas, que los ayuntamientos llevemos a la práctica aquello que me contestó el ministro Solbes en el Congreso: "Cada palo que aguante su vela"?

Señores del Psoe, no me parece serio ni ético ni solidario su comportamiento para con las familias que dependen de estas ayudas.

Pero lo más grave de todo es la incapacidad del PSOE en este asunto. Por un lado muestra una profunda irresponsabilidad política por no cumplir con sus obligaciones de asistir económicamente a los que menos tienen. Pero por otro, tampoco resarcen a los afectados construyendo viviendas públicas en régimen de alquiler. A los hechos me remito. Desde 1999 la Junta no ha querido o no ha sabido construir el 100% de las viviendas para realojo para las que el Ayuntamiento les cedió los terrenos en Astilleros y Matadero. Y ahora anuncia un nuevo retraso en la promoción del antiguo Matadero.

Mientras, tanto el tiempo pasa y los ayuntamientos somos los que seguimos dando la cara. ¿Quiénes son los perjudicados? Los gaditanos. Los mismos gaditanos a los que el Gobierno de la Nación ha sumergido en un escenario de crisis económica. Los mismos gaditanos que sufren ese espejismo que es la política social y de vivienda de los socialistas.

Y sino... reflexionemos. Si el PSOE desde la Junta apenas construye viviendas de protección en alquiler y las que hace para su venta son escasas por la falta de suelo, si no paga los alquileres sociales y si el ritmo de rehabilitación de las fincas del casco histórico arrastra una demora de años en los plazos de finalización ¿Qué hay de social en esa política de vivienda? ¿Es o no un espejismo?