LA Ley de Aguas de la comunidad autónoma cubrirá el hueco legislativo surgido a raíz del nuevo Estatuto tras la amplia y consensuada rúbrica del Acuerdo Andaluz por el Agua. Debemos congratularnos todos los sectores por lo positivo de esta ley que pronto se aprobará definitivamente.

La necesaria y obligada adaptación de la legislación sobre agua a la Directiva Marco Comunitaria no hace sino incrementar la necesidad de contar en Andalucía con este nuevo marco legislativo. Son acertados los principios inspiradores de la ley, la clara definición del agua como patrimonio común, la nueva ética del agua que prioriza la sostenibilidad ambiental sobre la mayoritaria visión mercantilista que existía hasta ahora y el principio de corresponsabilidad entre Administración y usuario, que favorecerá la activa participación de la sociedad civil y la necesaria y a la vez exigible transparencia en la gestión, más aún cuando prácticamente todos los servicios se prestan en régimen de monopolio y, en el caso del abastecimiento y del saneamiento urbano, sobre un mercado cautivo.

Son acertadas igualmente las prescripciones relativas a la gestión del dominio público hidráulico tendentes a flexibilizar los actuales regímenes concesionales, pudiendo dirigir los recursos hacia donde exista una mayor necesidad, la regulación de los Bancos Públicos de Agua, haciendo realidad la posibilidad de adecuar en el futuro las demandas a las necesidades y evitar la sobreexplotación de los acuíferos, cuencas y subcuencas. La preservación y recuperación de las masas de agua contaminadas es también un importante objetivo de la ley, que reglamentariamente deberá desarrollarse con valentía y que bajo los principios de transparencia y participación activa deberá cumplir los plazos marcados para este objetivo por la Directiva Marco Europea.

Como avance significativo cabe calificar la creación de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas y, aún más, del Observatorio Andaluz del Agua, que si realmente se le dota de participación, de los medios y de las capacidades necesarias, será una entidad básica en el desarrollo y garantía de lo contenido en la ley.

No olvida la ley la consideración del agua como factor productivo, de articulación territorial y de desarrollo económico y social. La agricultura de regadío, actual usuaria de más del 80% de los volúmenes regulados, la industria, sector energético y otros tan importantes para nuestra economía como el turismo, tienen su espacio en la Ley, si bien es prioritaria la adecuación y optimización de los recursos actualmente asignados.

Entre todos se deberá trabajar para adecuar los consumos, corregir los déficits actuales del recurso y adaptarse a las políticas sectoriales comunitarias .

Desde nuestra Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), que aunque joven representa ya a más de 12 millones de usuarios de toda España, no cabe más que felicitarnos por la futura aprobación de la Ley, que ha tenido un amplio y dilatado proceso participativo. Consideramos fundamental la defensa del agua como Derecho Humano en consonancia con lo defendido por España en Naciones Unidas, así como la definición y aplicación obligada para todos los operadores de servicios de agua de indicadores de gestión y estándares de calidad que permitan a los usuarios conocer con transparencia y participación activa la realidad de la entidad que les presta el servicio y poder compararla con otras, haciendo así efectivo el principio de "competencia lícita".

Cabe recordar que este principio queda mermado al prestarse el servicio en régimen de monopolio. Más aún, es imprescindible la recuperación efectiva de todos los costes de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, evitando la duplicidad impositiva y la regulación urgente de los cánones concesionales no aplicados a inversiones hidráulicas y presentes en todos los concursos de privatización de servicios públicos, que al final son soportados por los usuarios en la tarifa del agua sin claridad ni transparencia, hipotecando además la salud financiera del servicio público municipal y constituyendo una doble imposición que perjudica al usuario.

Éstas son algunas de las aportaciones que la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) ha realizado en los diferentes trámites de participación abiertos durante la tramitación de la Ley de Aguas de Andalucía.

Es, por tanto, nuestra Ley de Aguas una Ley necesaria y positiva que ha necesitado, necesita y necesitará de todos: partidos políticos, administraciones y gestores, sociedad civil y usuarios, para que se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo y equilibrio solidario para Andalucía y por ende para todos los andaluces.