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Aver si os enteráis de una vez de que yo no tengo nada que ver con ese asunto". Con estas palabras trataba de sortear el jueves Isabel Pantoja el acoso al que la sometían los molestísimos periodistas, o lo que sea, en alguna estación ferroviaria o aeropuerto, que son como las gasolineras en las que se abastecen de carnaza los buitres de la televisión del bajo vientre.

Ocurre que el "asunto" no es el cotilleo con el que llenan sus vidas millones de españoles a falta de otros alicientes con los que llenarlas ni la maledicencia inventada por los profesionales de la bazofia en formato TDT, sino la acusación formal de la Fiscalía Anticorrupción contra la tonadillera sevillana por un presunto delito de blanqueo de dinero amasado al margen de la ley por quien fuera su pareja, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, digno heredero del fallecido Jesús Gil.

Según el fiscal, Muñoz acumuló un patrimonio de unos tres millones y medio de euros tras abandonar su modesta condición de asalariado del sector de la hostelería y saltar a la política como concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Marbella hasta convertirse en alcalde, doce años de gloria y riqueza sobrevenida que no se explica por sus ingresos oficiales como edil. Pasado un tiempo con vocación de prudencial, Cachuli -es como le llamaban en confianza- repatrió el dinero que había escondido en el extranjero y lo dedicó a financiar negocios y lujos de sí mismo y de sus parejas sucesivas, la madre de sus hijos (Maite Zaldívar) y la otra (Isabel Pantoja).

El relato de la Fiscalía indica que Pantoja compró en 2003 un apartamento de 330.000 euros a través de una sociedad que disponía dos meses antes de un saldo de 177 euros sin que entretanto hubiera registrado ingreso alguno. El chalé Mi Gitana lo adquirió por 3,3 millones mediante un préstamo cuyas cuotas pagaba puntualmente Muñoz. Las cuentas bancarias personales de la artista, que hasta su emparejamiento con el alcalde estaban tan tiesas como hacían prever sus negocios fallidos y su escasez de galas, tuvieron en 2003 veintinueve imposiciones en efectivo por valor de 293.000 euros.

De este enriquecimiento súbito y, sobre todo, de su grado de conocimiento sobre el origen ilícito del mismo es de lo que ha de dar cuenta Isabel Pantoja. No ante la inquisición de pacotilla de la telebasura, sino ante los tribunales de Justicia de la España democrática, que garantizan su derecho a defenderse y a mantener la presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme. Esto no tiene nada que ver con el resentimiento de la masa semianalfabeta que lo mismo encumbra a un famoso que se deleita con su caída, sino con la aplicación de la ley que iguala a todos. A ver si se entera.

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