LA visita de Gadafi a España, por extravagante, ha tenido un eco inusitado en la prensa española. Formalmente, se trata de un jefe de Estado, de un país vecino, miembro de Naciones Unidas, es decir, amante de la paz y comprometido, ahora, con la lucha contra el terrorismo. Por tanto, ¿por qué, aparte de sus extravagancias, ha sido tan duramente criticada?

La política exterior española ha sido demasiado tiempo una política poco pragmática, pero cuando se tiene la posibilidad de obtener réditos políticos se debe intentar mejorar las relaciones diplomáticas.

Libia es clave para la seguridad de España. No sólo es un vecino mediterráneo, con una enorme proyección en África (ahora tan vital para España), sino que es un país árabe enfrentado a los movimientos yihaidistas y donde Al Qaeda no dispone de infraestructuras.

Por otro lado, se trata del tercer proveedor de petróleo de España, cuya visita se celebra en estos momentos, cuando la energía procedente de los restos fósiles está disparando sus precios, hasta poner en peligro las economías occidentales. Quizás haya que reducir la dependencia española del petróleo venezolano y eso se puede conseguir con el petróleo libio.

Por tanto, desde el punto de vista político, está justificada esta visita. Se lleva a cabo tras la visita realizada a Francia, es decir, las primeras a estados occidentales tras la reconversión de Gadafi en un aliado de Occidente.

El Gobierno español, pues, ha tenido en cuenta todos los elementos para tomar la decisión política de recibirle en España, a pesar de las posibles críticas que intuiría que se producirían. En este sentido, hemos tomado ventaja. Ningún otro Gobierno europeo lo ha criticado; al contrario, la han envidiado.

La oportunidad política, pues, ha aconsejado y justificado la visita. La comunidad internacional ya ha levantado el veto que mantenía a Libia, tras los atentados de Lockerby y otros, como parte del eje del mal que fomentaba el terrorismo internacional. Para ello, tuvo que reconocer su participación en los hechos e indemnizar a las víctimas. Parece, por tanto, que sus culpas ya están expiadas.

Todos los políticos y los pueblos pueden reconvertirse. Sin ir más lejos, Arafat se reconvirtió de terrorista a hombre de Estado, siendo aclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas o los propios Estados Unidos (no hay más que recordar los Acuerdos de Camp Davis). También el Gobierno guatemalteco se reconvirtió y permitió que España, que había roto sus relaciones diplomáticas con Guatemala a raíz de la entrada y quema de su embajada por militares guatemaltecos, con resultados de muertos, incendios y pérdida de archivos, restableciera dichas relaciones cuando se produjo el reconocimiento de la violación por parte del Gobierno guatemalteco y se indemnizó a las víctimas.

Desde este punto de vista, por tanto, no podemos, ni debemos exigirle mucho más al presidente de Libia. Y tratarle, pues, como a cualquier otro. Se le ha permitido conciliar sus exigencias, por exóticas que fueran, con la seguridad que debe proveer el Estado territorial, que es responsabilidad exclusiva de España. Por eso no se le ha autorizado a que sus guardaespaldas porten armas de grueso calibre. Por eso ha mantenido sus contactos diplomáticos en El Pardo, palacio puesto a disposición de las autoridades españolas a los jefes de Estado que visitan oficialmente España, y han sido recibido formal y oficialmente por un ministro de Estado (en este caso por el de Defensa) y recibidos a pie del palacio por el jefe del Estado español, con quien almuerza oficialmente.

Ahora bien, sorprende que en los discursos oficiales no se hayan hecho referencia, apenas, a los derechos humanos, que no debemos olvidar siguen siendo una de las señas de identidad de nuestra política exterior. Está muy bien encontrar eco en las cuestiones económicas o en las cuestiones de seguridad, ambas cuestiones de vital importancia para un Estado, pero si hay algo que nos da señas de identidad, eso es nuestra defensa de valores como los derechos humanos o las libertades.

No vale, pues, espantarse por la falta de libertades en Cuba o por las violaciones de derechos humanos en Afganistán o Kosovo y, luego, ignorar lo que sucede a pocos kilómetros de nuestras fronteras, en un pequeño país de menos de cinco millones de habitantes, como Libia.