UN año después de las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007, hay ayuntamientos que ya no pueden ni pagar la nómina a final de mes. La crisis económica ha estallado con tal virulencia y rapidez que debería obligar a abordar una cuestión aún pendiente desde los albores de nuestra democracia: la revisión del sistema de financiación local. Si no se acometió en su momento fue porque durante la transición había otras urgencias políticas y, posteriormente, porque el extraordinario periodo de bonanza por el que ha atravesado la economía española durante al menos el último decenio y el auge del sector inmobiliario permitieron a las arcas municipales gozar de unos ingresos que ahora ya son impensables debido al cambio de ciclo. Es obvio que la economía de los ayuntamientos no puede estar al socaire de que se otorguen más o menos licencias de construcción o se recalifiquen más o menos suelos para la ejecución de proyectos urbanísticos. Los municipios constituyen la base del sistema democrático y, además, han ido asumiendo a lo largo de los años numerosos servicios de ayuda y cohesión sociales que a priori no son de su competencia pero que son demandas ciudadanas para las que, sin embargo, han carecido de dotaciones presupuestarias; al contrario, les restan un 30% de sus fondos habituales. Ahora, debido a la caída de ingresos, hay ayuntamientos que se ven obligados a imponer tasas por servicios que prestaban gratuitamente o a incrementar la presión fiscal en los tributos donde pueden hacerlo para mantener la propia maquinaria municipal. El Gobierno y las Autonomías no deben sentarse a definir el nuevo modelo de financiación autonómica orillando de nuevo la gran asignatura pendiente de la financiación local y condenando a los ayuntamientos a una lucha permanente con sus comunidades autónomas para el reparto de los fondos en una segunda ronda. Ha llegado el momento de buscar una solución definitiva, en la que los ayuntamientos sean también protagonistas en la negociación financiera y no meros convidados de piedra.