EN las últimas semanas estamos asistiendo a un debate mediático que, aprovechando una sentencia del Tribunal Supremo sobre una demanda de otro sindicato que alarmaba del riesgo de privatización de las competencias del funcionariado en EGMASA, pone en duda la propia existencia de esta empresa pública andaluza. Lo más contradictorio de algunas de estas argumentaciones provenientes de sectores neoliberales es que saludan una sentencia que tiene como base una demanda por el riesgo de privatización. Luego es fácil deducir que se cuestiona el papel de estas empresas en sectores donde existen fuertes intereses especulativos y riesgos de inmersión de la economía, como de hecho sucede en el forestal y medioambiental.

Frente a esto hay que recordar que las empresas públicas ocupan en el sector agrario y forestal a siete mil trabajadores y prestan un estimable servicio a la ciudadanía a través del desempeño de sus funciones profesionales. No es ético, por tanto, poner a los pies de los caballos el empleo y subsistencia de siete mil familias, pertenecientes la mayor parte de ellas al ámbito rural, donde el único empleo de calidad lo están aportando dichas empresas. Como tampoco es de recibo que las supuestas actuaciones improcedentes por parte del Gobierno en la designación de cargos directivos de estas empresas que motivaron la demanda pongan bajo sospecha a más de tres mil trabajadores que se juegan la vida en los incendios forestales, gracias a los cuales Andalucía tiene el menor índice de incidencias aún siendo la comunidad más calurosa y con mayor riesgo de incendios. Deberíamos recordar aquel verano infausto cuando Galicia ardió y preguntarnos con qué estructura empresarial y con qué modalidad de contratos laborales se atendieron aquellos incendios.

Hay quien piensa que no hace falta tanta gente para apagar un incendio, pero los incendios no se apagan cuando se producen sino mucho antes porque hay que limpiar el monte, abrir cortafuegos en espacios de difícil acceso, tomar las matrículas de todos los visitantes en los parques y espacios forestales para que éstos se sientan localizados y, por tanto, responsables de sus actos, y un largo etcétera de tareas anteriores. Asimismo no debemos olvidar que los incendios forestales forman parte de un engranaje que termina en la especulación del suelo y la venta de madera barata para las celulosas.

Si estas tareas no las realizan empresas públicas, ¿deberían hacerlas funcionarios? Nuestro sindicato no tendría inconveniente en convertir esos miles de puestos de trabajo en personal funcionario de la Junta de Andalucía porque mejoraría la calidad de su empleo, pero ¿sería posible? Creo que en todo esto existe una manipulación de los argumentos para convertir una demanda judicial, que solo pretendía que ciertas responsabilidades funcionariales quedaran en ese ámbito, en un cuestionamiento general de las empresas públicas. Y la razón que subyace no es otra que la voracidad neoliberal de convertir en negocio servicios públicos como la sanidad, la educación, la prevención de incendios o la protección del hábitat natural.

En Andalucía existen otras empresas públicas además de EGMASA que prestan servicios a la sociedad insustituibles y de calidad. Sus fines son exclusivamente sociales. No obstante se producen actuaciones políticas que en algunos casos perjudican la imagen de estas empresas, y son esos errores políticos los que hay que subsanar en lugar de poner en entredicho la existencia de las empresas públicas. Hacerlo así es tener una actitud destructiva y absolutamente injusta. Con esto no digo que estas empresas estén exentas de la crítica y el control, muy al contrario, deben ser miradas con lupa y deben ser ejemplos de gestión por su carácter público. CCOO así lo entiende y lo exige constantemente, sin ir más lejos sus reclamaciones se han recogido en el VII Acuerdo de Concertación Social.

Es una defensa del servicio público ante el modelo neoliberal que antepone los beneficios al interés general, y en esa defensa CCOO será inflexible frente a quienes pretenden descalificarlo para hacer negocio. Hay que defender ante la opinión pública la labor de EGMASA y de sus trabajadores, cuyos resultados agradecerán no sólo los andaluces del presente sino las generaciones futuras que podrán disfrutar de nuestros montes.