NO por ser norma de conducta habitual de las organizaciones políticas que acceden al poder gracias al voto de los ciudadanos deja de provocar malestar y rechazo la utilización indebida de los resortes institucionales en beneficio de un partido. Es exactamente lo que han hecho los responsables del Ministerio de Hacienda: solicitar a decenas de altos funcionarios del departamento la elaboración de análisis críticos sobre las propuestas fiscales presentadas por el PP en la campaña electoral. En otras palabras, emplear el tiempo y la dedicación de los servidores del Estado en una tarea que correspondería, en todo caso, a los expertos que trabajan para el PSOE o colaboran con su campaña. Ahora bien, es un principio establecido de la democracia contemporánea que las instituciones han de reservarse para el trabajo en interés común y que la función pública ha de ser independiente, y utilizarse como tal, de cualquier partido político que ostente el poder durante un periodo determinado. Que haya una confusión constante en numerosos cargos públicos electos entre esta condición suya de representantes de la soberanía popular y las funciones orgánicas que desempeñan en sus respectivos partidos (viajes, mítines, acompañamiento de escoltas y asesores, etc.) es grave. Pero todavía es más condenable que se disponga por la autoridad política la realización por los empleados públicos de labores que son netamente partidistas. Es el caso que nos ocupa, en el que nada menos que la Vicepresidencia económica del Gobierno ha pedido informes acerca del programa electoral de una fuerza política que compite con aquella en la que milita el titular de dicho departamento. La práctica supone igualmente cierto ejercicio de coacción sobre los funcionarios, cuya independencia se ve cuestionada ante las exigencias de sus jefes políticos, y contradice el estatuto de los funcionarios y los códigos de regeneración de la vida política aprobados por el actual Gobierno. En resumidas cuentas, un abuso.