LA fina sensibilidad de ZP para con la mayoría cristiana de este país le ha llevado a plantear la revisión de la actual ley del aborto, para convertirla en una mera cuestión de plazos, en tiempo de Navidad. Aunque su inicial propuesta haya derivado rápidamente hacia la simple invitación a "reflexionar sobre el aborto" sin inmediatas consecuencias legales, el debate ha sido abierto y será inevitable el posicionamiento de las fuerzas sociales en las próximas semanas, por más que ni PSOE ni PP deseen en este momento preelectoral enzarzarse en una cuestión que puede arrastrarlos, siguiendo a sus bases, hacia posiciones alejadas del centro con el que ambos desean identificarse. Aunque peor aún sería para ambos partidos indisponerse con ellas cuando van a necesitarlas entusiastas o cautivas como nunca.

Como sabemos, el detonador de la crisis actual ha sido una tibia y muy medida actuación judicial frente al terrible escándalo de las prácticas del doctor Morín y sus clínicas, que ha servido, por fin, para tirar de la manta del espantoso negocio del aborto sin límites en España y de la extendida hipocresía al respecto en un país en el que nadie deja de saber lo que está pasando en medio de un colosal fraude de ley. En el momento en que la justicia ha empezado a remover la espesa costra de sangre y cieno que envuelve el asunto, y han comenzado a aflorar las complicidades administrativas y políticas que lo hacen posible, los promotores universales de la cultura de la muerte han arrojado la máscara. Y es que una de las condiciones esenciales de la falsa paz social en la que estamos instalados consiste precisamente en eso, en dejar que los grandes problemas del país se pudran sin aparente solución hasta que la izquierda considera maduro el momento para aplicarnos una vuelta de tuerca más de su programa paleoprogresista y sectario. Educación, inmigración y familia son los tres ejes de esa gran ruptura ante la que la derecha social y política parece incapaz de organizar una defensa convincente y atractiva de sus ideas.

Es importante que en este asunto del aborto no hayan sido las terminales de la cultura dominante las promotoras del comienzo del debate, sino una actuación judicial ante un escándalo de magnitud internacional. Esto podría dar una buena oportunidad a quienes, desde variadas posiciones éticas, religiosas, políticas y de justicia social, abogan por una solución humana al problema de los embarazos imprevistos. Si esta batalla ante la opinión pública se pierde, como se perdió en 1985 para dar paso a esta ley hipócrita destinada al incumplimiento, la conciencia moral española sufrirá un daño profundo e irreversible. Quizá ahora, cuando empieza un nuevo año, sea un buen momento para meditar en ello y comprometerse en un combate por la Vida que a nadie puede dejar indiferente.