CARMEN Oteo, en su artículo de ayer, excelente (como suyo), pedía a Rajoy, entre otras reformas políticas, limitar los mandatos y los cargos políticos a ocho años. Mientras tanto, en el artículo de al lado, yo celebraba, tan campante, que Teófila Martínez llevase casi veinte tacos de alcaldesa. Me alegraba, en concreto, porque ella es de Santander y se demuestra lo poco chovinistas que somos; pero, intenciones mías aparte, ahí están sus cinco mandatos; oh Teófila, radiante veinteañera.

Cuando no estoy de acuerdo con Oteo, aunque sea en algo diminuto, me lo hago mirar de inmediato. Y recordé también que el auto límite de ocho años fue lo menos discutido de Aznar. Logró lo imposible: puso de acuerdo a sus partidarios, que siempre lo estaban con él, y a sus detractores, pues, al fin y al cabo, se largaría. La caducidad tiene, además, el prestigio de lo made in USA. Y se alimenta del miedo lógico que tenemos al abuso de poder y a una instalación más o menos bolivariana en el cargo.

Sin embargo, no deja de ser una desconfianza en las instituciones y los controles democráticos y una constricción a la soberanía popular. Si el electorado quiere que un mandato dure sólo cuatro años, con no repetir el voto basta. Si quiere que no dure más de ocho, no vota por tercera vez, y ya. Pero si quiere prolongarlo ¿por qué imponer desde fuera una caducidad, no ya al político de turno, sino al cuerpo electoral?

Cierto que las listas cerradas como candados, como las mentes de los fanáticos, como una caja suiza agudizan el problema. Porque el candidato que repite puede meterse en el rebufo del voto cautivo a su partido. Con listas abiertas, el límite de los ocho años perdería incluso esta última justificación. Y resulta preferible, sin lugar a dudas, que la pierda por una libertad de más (listas abiertas) que por una libertad de menos (prohibición de mandatos de más de ocho años).

El caso de Aznar, además, nos recuerda un peligro añadido. El político que sabe que no se examinará tiende a ensimismarse. Encima, las justificaciones de ese límite se compatibilizan fatal con el cargo vitalicio de Jefe de Estado en una monarquía. Además, se corre el riesgo de fomentar el fraude de ley: ya no puedo ser alcalde, me hago diputado, y luego gobernador civil, y así voy trampeando. Y, sobre todo, si nos sale un gestor eficaz y honrado ¿cómo no estirar su vida útil, con lo escasos que estamos?