EL Ministerio de Justicia, con la excusa de despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se propone convertirlo en un órgano abiertamente político y escorado descaradamente a la derecha. El nuevo sistema de elección de los consejeros (doce de los veinte componentes serán designados a propuesta de las muy reaccionarias asociaciones de jueces y los ocho restantes por el Parlamento) garantiza la supremacía conservadora como un derecho, digamos, de origen. El llamado "golpe de timón" de Ruiz-Gallardón supone un regreso al sistema de elección vigente hace tres décadas. Pero hay más: no sólo consagra la preeminencia del pensamiento retardatario sino que eleva el corporativismo a ideología de gobierno, lo que es aún más lamentable. El espíritu corporativo es más aventurado aún que la tendenciosidad política. Quien crea que cediendo a las asociaciones profesionales lo que estaba en manos de las Cámaras se evita la parcialidad yerra o miente. A lo sumo se evita la bronca partidista pero a costa de cimentar las banderías: la política y la profesional. Estoy convencido que con un CGPJ conformado según el sistema que avala el Gobierno jamás habríamos conocido el escándalo de las semanas caribeñas de Dívar y muchos menos el presidente habría aceptado presentar su dimisión.