Jueves Santo Horarios, itinerarios y recorridos del Jueves Santo y Madrugada en la Semana Santa de Cádiz 2024

La esquina

José Aguilar

jaguilar@grupojoly.com

Ahora es la cárcel

Mas sólo fue inhabilitado por el referéndum del 9-N, pero Puigdemont puede ir a la cárcel por uno que no se celebrará

El referéndum falso del 9-N de 2014 le costó a Artur Mas y tres de sus consejeros la inhabilitación por desobediencia. El referéndum del 1-O, que ni siquiera se celebrará, les saldrá más caro a Carles Puigdemont, Junqueras y el resto del Gobierno de la Generalitat: la querella presentada ayer añade a la desobediencia la prevaricación y la malversación. Eso ya incluye pena de cárcel. De victoria en victoria hasta la derrota final. Es un triste destino buscado.

Lo mismo le espera a la presidenta del Parlament, y otros miembros de la Mesa de la Cámara, principales responsables del secuestro de la democracia y el asalto facineroso a la Constitución que tuvo lugar esta semana en sede parlamentaria, cuando se aprobaron por mayoría (72 diputados, el 47% de los votantes catalanes) las dos leyes de ruptura con la legalidad española. Por mayoría, pero por vía urgentísima, violentando el reglamento, cercenando los derechos de la oposición, desoyendo las advertencias del secretario general y el letrado mayor del Parlamento e impidiendo el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. Es decir, vulnerando también el propio Estatut d'Autonomía.

Si la Generalitat ha fracasado con estrépito durante años en su obsesión por ganar respetabilidad internacional para el procès, la tropelías cometidas en el procedimiento para culminarlo -más la convocatoria de un presunto referéndum de autodeterminación sin censo, colegios electorales, urnas y papeletas regladas- autorizan a pensar que sus promotores se han cubierto de ridículo en todo el mundo. Como corresponde, por otra parte, a su enanez intelectual y miseria moral (a pesar de que hayan conseguido embarcar en la aventura a casi la mitad de la población).

Junto a estas querellas de consecuencias incontrovertibles, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional también han ordenado, esta vez sí, que alcaldes, cargos públicos y funcionarios eviten todo lo que sirva para organizar el referéndum y a mossos, guardias civiles y policías que materialicen la orden. Es lo pertinente cuando se trata de replicar a la usurpación de la soberanía popular y la imposición de una soberanía nacional catalana que la Constitución niega. Desde 1978 y, creo yo, por mucho más tiempo.

Puigdemont, Junqueras y Forcadell todavía vivirán su minuto de gloria. Cuando la fuerza pública les prohíba acceder a sus despachos por haber sido inhabilitados. Insisto: lo que organicen en la calle durará poco.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios