Los estibadores ganan mucho, ganan más que un médico, más que un catedrático de Universidad… En estos días hemos recibido este tipo de mensaje lanzado por los medios oficiales y con el beneplácito de la opinión pública, que intercambia a través de las redes todo tipo de memes incendiarios contra este colectivo de trabajadores.

Esto no ha hecho sino contaminar un conflicto laboral, tan importante como este, en un sector estratégico e imprescindible para la economía de nuestro país. Esta manipulación informativa ha conseguido que muchos de nosotros, en vez de fijarse en el espejo de sus propios derechos, embista con los que aún mantienen una regulación laboral decente y estable. Sin duda, es la misma arma que demoniza a los funcionarios públicos y vende su imagen de vagos y poco productivos. En un mundo capitalista donde se aboga desde los poderes fácticos que cada uno tiene el salario que negocia, con el mecanismo de la oferta y la demanda, sorprende aquí que, sin embargo, se abogue para que los poderes públicos interfieran en un sector habituado al mecanismo de la negociación colectiva.

El sueldo de los estibadores se ha consensuado en un convenio, con su convenio. Tienen buenas condiciones de trabajo estipuladas en su contrato, y un mecanismo de negociación colectiva bien estructurado. Quizás otros debiéramos aprender del empoderamiento de este sector, de cómo se defienden unos derechos. Quizás los dóciles sindicatos mayoritarios que todos conocemos debieran seguir el ejemplo de la Coordinadora de Trabajadores Portuarios, de la solidaridad internacional del sector y de no ceder en tanto como se ha cedido en las últimas décadas. Pues no ha hecho sino suponer la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de esos médicos o de esos profesores universitarios que nos quejamos de que cobramos tan poco, o de tantos sectores de técnicos y profesionales que se han creído el cuentito de la "clase media".

Pero entremos de lleno en el problema real, el que hace que, por culpa de la torpeza del Gobierno y los preavisos de huelga, se hayan ido de los puertos españoles algunos buques con el consiguiente perjuicio para las terminales y las empresas del sector; o que ciertos inversores extranjeros estén pendientes de saber cómo resuelven los españoles la crisis de la estiba para poder optar por las nuevas terminales. Si fueran serios los que nos gobiernan, hubieran actuado desde hace muchos años para hacer los cambios legislativos necesarios para evitar esta situación y no haber dilatado el problema hasta el punto de explotarles en la cara.

Obviamente las nuevas tecnologías, los nuevos usos portuarios, requerían de una serie de modificaciones en la regulación de los trabajadores, pensando sobre todo, no en los sueldos, sino en la eficacia y competitividad de los puertos españoles en un mundo tan cambiante como este. Claro que el colectivo debe adaptarse a las necesidades reales, debe modernizarse en la transparencia de las contrataciones y en la discriminación de género existente. Pero también hubiera sido normal basar toda la solución al problema en la negociación de las partes.

Por otro lado, la parte empresarial aparece fragmentada entre Anesco y Pipe, con una cierta deslealtad en algunos interlocutores, que han optado por la negociación directa con la parte más ultraliberal del Ministerio de Fomento, especialmente con el presidente de Puertos del Estado, curiosamente el mismo que ha permitido obras faraónicas en los puertos que sirven para que más de la mitad del terreno portuario sea hoy día ocioso.

El Real Decreto Ley 04/2017 está hundido como el Titanic. El Gobierno es el principal culpable de este desaguisado al optar por el decretazo sin más, oyendo la voz de algunos, solo algunos interlocutores empresariales, y a la parte más radical de Fomento que ha convencido a un "recién llegado" como De la Serna que, eso sí, no crean que va a dimitir, eso no es un verbo habitual en nuestros políticos. Rajoy, siguiendo el ejemplo de Thatcher con los mineros, ha querido ponerle la bota a un sector emblemático. En los próximos días veremos si se sigue por la vía de la negociación y la concertación laboral o se opta por la línea dura, imponiendo la misma a través de los partidos políticos afines, buscando los cambalaches a los que estamos tan acostumbrado. Mientras, usted seguirá recibiendo en su teléfono algún meme de que "los estibadores ganan mucho…" y le seguirán comiendo la moral, pero recuerde: cobrar mucho no es un delito y que los derechos no se regalan, se conquistan.