Juan Carlos Campo moreno

Magistrado, portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso

Justicia, política, corrupción y crisis social

No descubro nada nuevo si me refiero a este tiempo líquido como un tiempo de crisis. Crisis de muy amplio espectro, económica, social y sobre todo, política, donde se rompen ideas, se resquebrajan estructuras y cuestionan modelos. Unos contribuyen a ello desde un esperpéntico revisionismo del modelo del 78, mientras que otros se sirven de las Instituciones vaciándolas, de sentido y de sus presupuestos, en beneficio propio. Estos días la relación, siempre compleja, entre la Política y la Justicia centra y acapara más mensajes que nunca. Y el análisis de sus líneas paralelas de actuación, por supuesto cuestionada por muchos en función de intereses puntuales y no pocas veces partidistas, está más vivo que nunca. Está en la mente de todos, nunca algo sumamente complejo adquirió tantos tintes de banalización, ocupando espacios televisivos, radiofónicos y de las redes sociales o debates entre amigos y familiares. Quizás el tema de Cataluña y la espiral desnortada de lo que fue un gobierno legítimo, podría servir de ejemplo.

Por los azares del destino auno, en calidad de interinidad, ambos paraguas, la judicatura y la política y les confesaré que nunca mi zozobra fue mayor. Asisto con honda preocupación a la pérdida de prestigio de nuestras Instituciones y veo que eso sólo es comparable con el incremento de la desafección, por parte de la ciudadanía, hacia muchas de ellas, hacia la política en general. Y ello en un panorama de crecimiento de los movimientos populistas al más puro estilo Lacloud.

En este contexto, los ciudadanos no entienden lo que ocurre con la Justicia; y no olvidemos algo muy primario: una Justicia moderna es, ante todo, una Justicia que la ciudadanía comprende y siente próxima. A mayor cuestionamiento, hacen falta mejores explicaciones. Si la gente quiere opinar, está en su derecho, pero procuremos que no lo hagan desde el desconocimiento, frivolidad o la desinformación, proporcionemos argumentos sólidos. Sólo si estamos bien informados seremos ciudadanos críticos con el poder en su triple vertiente.

La política y los políticos son absolutamente necesarios. De nada serviría aspirar a una sociedad democrática avanzada, conforme a un orden económico y social justo como recoge nuestra Constitución, sin ellos. Por eso, frente a la corrupción, tolerancia cero. Soy consciente de que casos de corrupción que ocupan diariamente la información, fallos en el cumplimiento de sus funciones, actuaciones personales que contaminan a la entidad representativa, incluida la utilización de la mentira en sede parlamentaria o ante los medios de comunicación sin sanción alguna, son problemas que estamos viendo constantemente en el clima de tensión social que vivimos. Si a todo ello se suman generalizaciones deliberadas y exageraciones estimuladas por quienes combaten la democracia, la crisis institucional está servida.

Y encima algunos, llamados servidores públicos o que lo fueron en otro tiempo, privados de libertad. Aquí entra la Justicia, pero quiero hacer mías algunas palabras de Muñoz Molina: la decencia pública no pueden garantizarla los jueces, del mismo modo que la salud no depende de los cirujanos. La situación tiene su punto de simpleza pues los castigos deben imponerse pero que nadie piense que los jueces son la solución al problema de la corrupción. Me atrevería a decir que son simplemente una parte del arreglo.

Es fundamentalmente una justicia independiente, que avanza lenta, mucho, pero que no se detiene, la que viene ajustando cuentas a la corrupción en este país. Y lo hace de una manera inédita, procesando por primera vez a un partido político por destruir los discos duros que presuntamente contenían la contabilidad de su caja B. Me refiero a este caso, digno de un impeachment, porque parece el colofón a toda una cadena de despropósitos que el PP siempre trató de ocultar y aún no reconoce como propios: Gürtel, los papeles de Bárcenas, Púnica, Auditorio, Andraxt, Brugal, Lezo, Acuamed, Noos y así hasta más de medio centenar de casos que apuntalan una problemática estructural con responsables directos...

En Andalucía, tras una larga instrucción sobre los ERE, el procedimiento contempla demasiadas cuestiones nada similares entre sí, y es un caso que urge acabar por hacer justicia y devolver el honor a quien resulte absuelto.

Los jueces pueden llenar las cárceles con media organización en virtud de los delitos que hayan cometido, pero sin un verdadero propósito de regeneración democrática, de enmienda por parte de todos y sin medidas que contribuyan a mejorar la calidad de nuestro sistema democrático destruyendo los vicios que permiten el abominable desvío del dinero público, nada avanzará.

He escuchado en más de una ocasión durante esta década de escándalos vinculados a la corrupción del ladrillo que ésta no pasaba factura alguna. Casi se convirtió en un mantra aquello de que las urnas absuelven al partido político corrupto, pero las elecciones jamás podrán purificar la corrupción, los pecados hay que expiarlos. La situación de minorías de muchos Gobiernos es la mejor prueba de que la ciudadanía no perdona, como tampoco lo hacen los jueces, porque mientras no se depuren responsabilidades políticas y penales, la confianza en las instituciones, en el poder ejecutivo y judicial, se resentirá.

Y es en el ámbito del legislativo donde podemos aspirar a estrechar el cerco a la corrupción. Estamos trabajando en el Congreso en la comisión de calidad democrática donde, entre otros asuntos, por ejemplo, se está avanzando en la Ley de protección del denunciante. Pero es preciso ser más ambiciosos... Yo diría que urge.

Como jurista e interinamente político, tengo la convicción de que Sistema Institucional y ciudadanía son dos nociones indisolubles. Es más, son dos principios que se refuerzan mutuamente, interaccionan: un sistema eficaz equivale a una ciudadanía convertida en el centro de la actividad política, económica y social; y una ciudadanía fuerte genera, necesariamente, un sistema cada vez más eficiente.

Concluyo con las palabras que pronuncié en el Congreso de los Diputados en la sesión plenaria del 15 de marzo de 2016. No nos deseo suerte, pero no me entiendan mal. Creo que la suerte tiene un componente de azar que ahora ya no nos podemos permitir. Estamos obligados a liderar esa demanda de cambio, creérnosla y buscar consensos, pues solamente así, la política recuperará el terreno perdido y nuestro sistema político recuperará su fortaleza.

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