Aunque apenas compute como anécdota, no son muchos los que pueden resistirse a la curiosidad de saber quiénes fuimos antes. No importa que apenas tengamos nada en común con un antepasado de hace doscientos años -más allá del nombre de pila, tal vez; o del grupo sanguíneo, tal vez-. Y sabemos que, en esa selva de casualidades que es un árbol genealógico, todos tenemos un rey, una puta, un desertor, un asesino, un santo. El Archivo Histórico Provincial dedica en esta ocasión su Documento Destacado a esta pulsión por descubrir de quiénes venimos. Una actividad que, en la Edad Moderna, se usaba para demostrar si uno pertenecía o no a qué clase. Sobre todo, si uno podía pertenecía o no a la aristocracia o la alta burguesía y obtener beneficio como la exención de impuestos o el acceso a cargos públicos.

Hoy día, el afán por nuestros antepasados suele obedecer a la indagación lúdica, con su cuota vanidad como máximo pecado. Para quien quiera acometer una investigación genealógica, desde el Archivo Provincial se apunta que el éxito o el fracaso del recorrido depende en gran parte de la localización de fuentes. Así, la institución muestra al respecto distintos ejemplos procedentes de sus fuentes de información genealógica. De entre ellas, destaca el grueso que conforman los protocolos notariales -matriz de todos los archivos históricos provinciales- y que incluyen testamentos, contratos, dotes e inventarios de bienes.

Desde el Archivo Histórico Provincial señalan también otras fuentes a las que puede acudir todo aquel que se muestre interesado en completar su árbol genealógico. Los archivos parroquiales, con sus actas de bautismos, matrimonios y entierros -así como documentos más excepcionales, como dispensas de matrimonio, expediente de consanguinidad y afinidad, demandas de divorcio y capellanías-, ofrecen una de las fuentes de mayor recorrido histórico: "Desde el Concilio de Trento -se explica-, la Iglesia impone la obligatoriedad de registrar los sacramentos en el seno de su jurisdicción en un tiempo en el que no existía el Registro Civil".

El material proveniente de los juzgados nutre, evidentemente, otra de las principales vetas. En los registros judiciales, desde la Baja Edad Media, se incluyen documentos "de gran interés genealógico", como "autos de bienes de difuntos, expedientes procedentes de la Inquisición, juicios criminales, procedimientos de hidalguía, pruebas de limpieza de sangre y pruebas de ingreso en órdenes militares". Desde 1870, en España se cuenta además con documentación proveniente del Registro Civil: actas de nacimientos, matrimonios, defunciones y ciudadanía, pero también, el registro de hijos naturales reconocidos, cambios de nombre o apellidos, de nacionalidad, cómputo de expedientes de pasajeros a Indias o, desde el reinado de Fernando VI, pasaportes solicitados.

Entre la documentación de orden municipal, se incluyen los padrones y los censos, sobre todo, a partir del siglo XVIII. Los archivos municipales dan cuenta además de las entradas y salidas de expósitos, los socorros de lactancia (la "gota de leche"), los expedientes de naturalización de extranjeros o los registros de cementerios municipales.

Y tampoco hay que olvidar la posible información existente en los archivos militares o en la "administración periférica del Estado": Agricultura (poblados de colonización), Educación (listado de becarios, fichas de profesores...), Interior (expedientes de orden público, pasaportes, salvoconductos, permisos de caza, matriculación de vehículos), etc.