La Real Academia de la Historia (RAH) quiere que el Estado realice las gestiones oportunas ante la UNESCO para que el patrimonio subacuático español sea declarado Patrimonio de la Humanidad, de modo que se puedan evitar expolios de "cazatesoros" como el ocurrido hace unos años por la empresa norteamericana Odyssey con la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Así lo ha recordado Martín Almagro, Anticuario Perpetuo de la Real Academia de la Historia, durante la presentación del libro El litigio por el precio de la fragata 'Mercedes'. Razones históricas de España, escrito por el también académico Hugo O'Donnell.

Almagro ha defendido esta vieja reclamación de la Academia argumentando que el Patrimonio Arqueológico Submarino de España es el más importante del mundo, lo que le obliga, como propietaria real y moral, a la custodia y protección de estos pecios de inigualable valor cultural, histórico y económico frente a los "saqueadores". Según el especialista, existen en la actualidad unos 2.000 pecios, de los que cerca de un centenar han sido saqueados. Dos de ellos podrían estar siendo expoliados en estos momentos. "Me duele decirlo, pero queda mucho por saquear", ha aseverado.

Por eso, Almagro pide a las autoridades españoles que tomen medidas para evitar estos expolios y así no tener que actuar siempre a posteriori, una vez cometido el saqueo. "España es responsable de proteger este Patrimonio al igual que cuida de un cuadro de Goya", ha apostillado.

En la misma línea, O'Donnell recalca en su libro que "decenas de buques españoles de todas las épocas, cargados de tesoros y reliquias históricas, han permanecido sumergidos ante la indiferencia general". "Empresas de usurpadores han aprovechado esa dejadez para lucrarse de aquellos que iban descubriendo sin dar opción siquiera a la conservación de aquellos que no tuviera un valor pecuniario, pero sí histórico-social", añade.

El autor, comandante de Infantería de Marina y especializado en la Historia Naval de España, apunta que quedan dos asuntos por resolver: la reclamación de las cuantiosas costas judiciales por parte de España -"ya que la mala fe de los cazatesoros parece manifiesta"-, y el proceso penal que se sigue en La Línea contra la empresa por malas prácticas y agresión contra el patrimonio español.