Turquía vive este lunes una tensa jornada poselectoral, en la que el Gobierno anuncia de forma triunfante profundos cambios como resultado de la reforma constitucional aprobada el domingo en referéndum con el 51,4 por ciento de los votos, y la oposición pide que se anule por irregularidades.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo a sus seguidores que la reforma de la Carta Magna, que le transferirá todo el poder ejecutivo, es "una bala trazadora" para las elecciones de 2019, año en el que se prevé implementar la mayor parte de los cambios aprobados.

Pero la oposición no da por válidos los resultados y el Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), el segundo del Parlamento, ha pedido a la Junta Suprema Electoral que anule el plebiscito por las irregularidades observadas.

"Solo hay una decisión que pondría fin a los debates sobre la legitimidad" del resultado, y es "la cancelación del referéndum" dijo el vicepresidente del CHP, Bülent Tezcan, en rueda de prensa en la sede de su partido en Ankara.

Entre las irregularidades que denuncia el CHP está la presencia de 2,5 millones de papeletas o sobres que carecen del preceptivo sello de la mesa electoral y que según este partido podrían ser "todos falsos".

De ser así, el resultado podría sufrir un vuelco, dado que el Sí se impuso con una diferencia de apenas 1,3 millones de votos.

Pero el presidente de la Junta Suprema Electoral, Sadi Güven, rechazó estas acusaciones y manifestó que los votos cuestionados eran "papeletas y sobres emitidos por la Junta Electoral, auténticos, no falsificados".

Güven atribuyó a "desconocimiento o negligencia" de los componentes de la mesa el que faltase el sello, por lo que se reafirmó en la decisión de admitirlos como válidos, pese a que la ley electoral lo prohíbe expresamente, y aseguró que "no es la primera vez que se hace".

También la misión de observadores de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE) y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) criticó este aspecto, entre otros numerosos defectos observados.

"Esa decisión, tomada en ese momento, sí ha socavado una importante medida de protección y está en contradicción con la ley", indicó la jefa de la misión de la OSCE, Tana de Zulueta.

"En general, el referendo no cumplió con las normas del Consejo de Europa", advirtió Cezar Florin Preda, líder del equipo del PACE.

Pero Erdogan rechazó de forma tajante estas críticas y aseguró que Turquía ha hecho la consulta "más democrática que se haya visto en ningún país europeo".

"Nunca haremos caso a los informes que hagan. Que digan lo que quieran", dijo el presidente turco en un encendido discurso ante sus seguidores en Ankara.

Erdogan volvió a prometer un referéndum para decidir si continuar las negociaciones de acceso a la Unión Europea y reiteró la promesa de convocar otro sobre la reintroducción de la pena de muerte, abolida en 2004, si no se llegara a aprobar en el Parlamento.

El Ministerio de Exteriores turco también expresó "tristeza" por las críticas de la OSCE y las achacó a "prejuicios" y "falta de imparcialidad" de la misión observadora.

Por la tarde se registraron diversas protestas en Turquía contra los resultados del referéndum, con una concentración de estudiantes en el campus de la Universidad ODTÜ en Ankara, donde se coreaba el lema "No nos rendiremos al dictador", informa el diario Evrensel.

También hubo protestas menores en varios parques de Ankara, y una importante concentración en el barrio de Besiktas en Estambul, donde cientos de manifestantes llevaban pancartas con frases como "Ganamos los del No" o "No al hombre único", en alusión al poder ejecutivo casi ilimitado que la reforma constitucional otorga al presidente.

En el barrio de Alibeyköy, al norte del Cuerno de Oro, se produjo una protesta que fue dispersada por la policía con gases lacrimógenos, según Evrensel, que indicó que varias personas resultaron afectadas por las inhalaciones.

El Gobierno turco ya da por irreversible su triunfo y aunque la mayor parte de la reforma entrará en vigor una vez que se celebren las próximas elecciones generales y presidenciales, previstas para noviembre de 2019, tres puntos se implementarán ya próximamente.

En primer lugar, Erdogan recuperará su carné de miembro del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), la formación islamista gobernante que fundó en 2001 pero tuvo que abandonar al asumir el cargo de presidente, en 2014.

También se reducirá el Alto Consejo del Poder Judicial de 23 a 13 miembros, de los que 4 serán nombrados por el presidente y 7 por el Parlamento, a lo que se añaden el ministro de Justicia y su secretario.

Finalmente, se pondrá fin a la presencia de dos representantes militares en el Tribunal Constitucional, reduciendo este órgano de 17 a 15 miembros.