La familia Al Kurd sabe lo que es dormir con el enemigo pegado a la almohada. Un simple tabique separa a esta familia palestina de sus nuevos vecinos: colonos judíos que hace dos semanas irrumpieron en su casa de madrugada escoltados por la Policía y saquearon muebles y trastos hasta convertir el jardín en una montaña de escombros y su caso en uno más del bochornoso proceso de "judaización" de Jerusalén.

Un proceso en el que Gobierno israelí alterna los desalojos con la demolición de casas. Sólo este año alrededor de 75 casas han sido demolidas en Jerusalén Este, 56 en Cisjordania, y cuatro familias de varias decenas de miembros han sido expulsadas de sus viviendas. Un total de entre 600 y 1.000 palestinos que ahora viven en la calle o casas alquiladas, según datos del Comité Israelí contra la Demolición de Casas .

Aunque Israel se afana en la expulsión de árabes desde que ocupó Jerusalén Este en 1967, su nueva víctima tiene muchos tentáculos, nada menos que 28, y amenaza con enquistarse largo tiempo en la tarea de "limpieza".

Casi una treintena de familias palestinas que adquirieron el estatus de refugiados tras la guerra de 1948, como las familias Al Kurd o al Gawi, están pagando hoy los agujeros legales que arrastra su caso, resuelto a bote pronto en 1956 por la Oficina de la ONU para los Refugiados de Palestina (Unrwa) y el Gobierno jordano, que acordaron alojarlas en 28 casas del barrio de Sheij Jarrah en Jerusalén Este.

La familia Al Gawi, de 37 miembros y con más 30 años de lucha en los tribunales a la espalda, se despertó el 2 de agosto con el veredicto de la Corte Suprema israelí en la puerta de casa: una unidad de soldados israelíes y un grupo de colonos judíos venían para quedarse.

"El desalojo duró apenas 50 minutos y una hora más tarde los colonos ya estaban viviendo en nuestra casa", cuenta Nader al Gawi mientras echa leña al fuego que le ayuda a pasar el invierno en la tienda de campaña que ha plantado frente a la puerta de casa. Nader ve cada día desde su tienda de campaña cómo los colonos judíos entran y salen de la que ha sido su casa durante más de cincuenta años. Su rostro deja adivinar que no pega ojo por las noches desde hace 5 meses.

La tensa relación con los "vecinos", las continuas patrullas policiales y las manifestaciones de activistas que acuden a pedir el fin de la colonización cada viernes y que acaban en ocasiones en violentas cargas policiales y decenas de detenidos, le obligan a estar siempre pendiente en vilo.

Sus vecinos, los Al Kurd, no han corrido mejor suerte. Aunque todavía vivan bajo techo, cuentan los días para que los colonos den "el paso siguiente" a una situación que ya es inconcebible: comparten el jardín y la puerta de casa con los judíos que hace dos semanas ocuparon la mitad de su vivienda.

Nabil, Ramda, su madre, y sus hijos atraviesan desde entonces su puerta y su patio forrados ahora de banderas de Israel, chocan de frente con los guardaespaldas que protegen a los colonos, saludan a los activistas internacionales que duermen en la puerta de su casa y duermen separados por un tabique del ocupante.

En un barrio en el que cuatro de las 28 familias que se beneficiaron del plan de la Unrwa han sido sustituidas ya por judíos la convivencia no puede ser más hostil. "Tratamos de hacer una vida normal, pero dormimos entre los colchones", dice Nader con los ojos cansados y con la esperanza de que la comunidad internacional y el gobierno de Estados Unidos "haga algo".

Algo que vaya más allá de las palabras de condena de la ONU y de la Unión Europea que están muy lejos de alejar los tractores y las familias de colonos del barrio de Sheik Jarrah.

A pesar de los 40 años de "limpieza" que lleva emprendidos Israel, la guerra demográfica que libran árabes y judíos en Jerusalén ha permitido aumentar el porcentaje de población árabe de un 25 a un 35% desde 1967 hasta hoy.

Razón de más para que la Corte suprema israelí haya empezado la cuenta atrás con estas 28 familias y aprovechando la complejidad legal del caso, ante la que ningún abogado puede garantizar nada a las 24 que temen ser evacuadas.

Según Israel, se trata de propiedades judías compradas al mandato británico a principios de siglo y sobre las que la Unrwa no tiene ningún derecho. Con este argumento, indiscutible según el propio, Israel ha ejercido su papel de fuerza dominante en los 50 años de lucha judicial.

Ya en 1972 asociaciones de judíos consiguieron poner estas casas a su nombre en el registro de la propiedad del Estado.

Tras 30 años de procedimientos judiciales, investigaciones y apelaciones ante los tribunales hebreos en los que no se ha avanzado nada, los títulos de propiedad fueron vendidos a una empresa de construcción que presentó un plan, aprobado en 2008 por la municipalidad de Jerusalén, por el que las 28 viviendas deberían ser demolidas para construir a cambio unos doscientos apartamentos que serían ocupados por familias judías.