El Supremo de EEUU da derecho a los presos de Guantánamo a acudir a los tribunales

  • Los 270 extranjeros detenidos en Guantánamo sí tienen los derechos que protege la Constitución estadounidense y podrán acudir a las cortes federales para reclamar su puesta en libertad

El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció hoy el derecho de los detenidos en Guantánamo a acudir a las cortes federales para reclamar su puesta en libertad, lo que supone un revés para el Gobierno del presidente George W. Bush. Se trata de la tercera decisión de la máxima corte del país que extiende derechos a esa base naval norteamericana situada en el sudeste de Cuba, un lugar que el Gobierno de EEUU ha querido dejar al margen de cualquier ley, incluso de los tratados internacionales.

El Supremo emitió su dictamen por un margen mínimo, 5 contra 4, ante la oposición de los miembros más conservadores de la corte. El magistrado Anthony Kennedy escribió el fallo en nombre de la mayoría y en ella declaró que "las leyes y la Constitución están hechas para sobrevivir y seguir vigentes en momentos extraordinarios. La libertad y la seguridad pueden ir unidas". En cambio, Antonin Scalia, quizá el juez más conservador, advirtió de que "la nación lamentará lo que ha hecho el Tribunal hoy" y que el dictamen dificultará la guerra contra el terrorismo. "Casi ciertamente causará más muertes de estadounidenses", afirmó Scalia.

Pese a la profunda división de opiniones en el seno del máximo tribunal del país, la decisión de la mayoría es la que cuenta y en ella los magistrados dictaminaron que los aproximadamente 270 extranjeros detenidos en Guantánamo sí tienen derechos que protege la Constitución de Estados Unidos, pese a que esa base naval está en territorio cubano. El parecer del Tribunal permitirá a los detenidos escapar del sistema de justicia alternativo establecido por el Gobierno en Guantánamo y acudir a los tribunales federales, donde un juez evaluará las razones de su encarcelamiento.

Esa posibilidad también estará abierta para los sospechosos de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que comparecieron la semana pasada por primera vez ante uno de los tribunales especiales anti-terroristas creados en la base de Guantánamo. El dictamen probablemente provocará una oleada de recursos ante las cortes federales estadounidenses y reactivará algunas demandas que jueces de menor rango habían paralizado, pendientes de la decisión del Supremo.

Desde que 20 detenidos llegaran en enero de 2002 por primera vez a las jaulas de metal que inicialmente se usaron para alojarlos en Guantánamo, el Tribunal Supremo se ha constituido en el principal freno a la pretensión del Gobierno de encerrar a sospechosos de terrorismo de forma indefinida y sin dar explicaciones. Un dictamen anterior había obligado a la administración a establecer unas juntas militares de revisión de la situación de cada detenido, para determinar si merecen continuar encarcelados. Anteriormente, los presos no tenían ni siquiera ese derecho.

El Tribunal Supremo determinó hoy que ese sistema no constituye un mecanismo justo de análisis de los casos. En esas juntas, denominadas formalmente "tribunales de revisión del estatus de los combatientes", los detenidos no tienen derecho a un abogado, no pueden refutar información secreta y se admiten confesiones obtenidas bajo tortura. En una declaración jurada enviada al Supremo, el teniente coronel de la Reserva Stephen Abraham, un ex miembro de una de esas juntas, denunció el año pasado que los procedimientos son "poco más que una validación de las determinaciones previas" hechas por el Pentágono. Ese testimonio pudo ser una de las razones por las cuales el Supremo aceptó el caso, después de que poco menos de tres meses antes lo hubiera rechazado. Fue el primer cambio de juicio de este tipo en 60 años.

El Congreso, por su parte, fue un aliado de Bush hasta 2006, cuando estaba bajo control de los republicanos. Ese año aprobó la "Ley de las Comisiones Militares", que negaba expresamente a los detenidos de Guantánamo el derecho de pedir su puesta en libertad ante los tribunales federales. El Supremo la declaró hoy inconstitucional.

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